«Sus acusaciones son un nuevo argumento para justificar la moción de censura». La guerra abierta en Álava entre el PNV y el PP con el sillón de la Diputación como fin último de la contienda está más viva que nunca. Así lo evidenció ayer el secretario general de los populares alaveses, Javier De Andrés, que se vio obligado a comparecer ante los medios de comunicación tras las graves acusaciones vertidas 24 horas antes por el diputado general, Xabier Agirre, referidas al uso indebido de coches oficiales por los gobiernos de Ramón Rabanera (1999-2007) o la «ocultación» al Consejo Vasco de Finanzas (CVF) del cobro de una deuda por un millón de euros. «Es mejor que vuelva al silencio que nos tiene acostumbrados. Su única obsesión es desacreditar a los anteriores gobiernos del PP», sentenció De Andrés.
De forma sorpresiva, tras semanas de cauteloso silencio y pese a reiterar su intención de no alimentar «ni un minuto más el 'culebrón de Alfonso Alonso» en torno a la 'cuestión alavesa', el diputado general salió el pasado martes con todo su artillería imputando graves anomalías en la gestión de Rabanera. Ejemplos, recalcó, de lo que sí es una «nefasta gestión» y no la que su gabinete está haciendo en estos casi dos años en el poder.
Tras criticar la «ambición desmedida» del PP por el poder y arremeter contra los conservadores por «creer que la Diputación es suya», el mandatario jeltzale aseguró, sin dar nombres, que un ex diputado del PP realizó en Navidad dos viajes a Suiza para esquiar con su familia utilizando una furgoneta de la Diputación. No sólo eso. También aseguró que otro ex diputado diferente usó el coche oficial más nuevo del parque móvil de la institución para recorrer 3.000 kilómetros durante sus vacaciones veraniegas.
Pero lo «más grave» para la principal autoridad institucional del territorio es que el Gabinete Rabanera «ocultó» en 2006 al Consejo Vasco de Finanzas el cobro de una deuda de un millón de euros correspondiente a un terreno embargado en 2004, que luego se vendió por 2,6 millones a una tercera persona a través de la sociedad foral Álava Agencia de Desarrollo.
Además de Javier De Andrés, el encargado de salir al paso de estas acusaciones, que calificó de «falsas», fue el presidente de las Juntas Generales, Juan Antonio Zárate, que compareció en calidad de diputado de Hacienda durante los dos mandatos de Rabanera. Lejos de negar la existencia de la operación a la que se refería Agirre y con documentos oficiales en la mano, Zárate aseguró que el tripartito foral PNV-EA-Aralar era el encargado de trasladar la información al CVF ya que la deuda data de 2007, año que liquidó el Gabinete Agirre -entraron en julio de ese año-.
Tras reiterar que «la Diputación conocía sobradamente la operación porque figuraba en la contabilidad patrimonial», el presidente de la Cámara territorial invitó a Agirre a que ante «errores de este tipo, lo que hay que hacer es preocuparse de solucionarlos y no dedicarse a disparar a corporaciones anteriores».
«Enturbiar el clima»
En esta misma línea se expresó el secretario general del PP alavés, que consideró que este tipo de acusaciones justifican la necesidad de que el PSE les apoye para presentar una moción de censura en la institución foral. Los populares, de hecho, siguen confiando en que el lehendakari López posibilite el cambio pese al empecinamiento en el no de los socialistas alaveses.
«El diputado general está nervioso y desencajado. Lo único que pretende es enturbiar el clima político de la provincia porque su única obsesión y pesadilla es desacreditar la gestión de Rabanera», recalcó el también portavoz popular en las Juntas Generales.
En relación al presunto uso indebido de los coches oficiales, evitó ahondar en la cuestión pero remarcó que «si alguien tiene datos y puede verificarlo que pida responsabilidades y acuda a los tribunales». Para él, no dejan de ser acusaciones «veladas e insidiosas» que «no me constan».