POLÍTICA
La consejera afirma
que el «diálogo»
con el Poder Judicial
es «imprescindible»
17.06.09 -
«Es necesario que Gobierno vasco y Poder Judicial se reconozcan y respeten como poderes autónomos, con funciones dispares, pero con una mirada común hacia el bienestar general». Minutos antes de comparecer ante la comisión de Derechos Humanos, Idoia Mendia hizo lo mismo en la de Justicia, donde hizo un llamamiento a cerrar las heridas abiertas durante los últimos años entre la clase política vasca y la magistratura, a instaurar una «normalidad institucional».
El objetivo del departamento liderado por Mendia es superar la etapa de Joseba Azkarraga, durante la cual, los enfrentamientos entre el propio consejero y el máximo responsable del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz-Piñeiro, fueron constantes y sonados. Una relación que se envenenó todavía más con el proceso abierto contra Juan José Ibarretxe y Patxi López, entre otros, por hablar con Batasuna. En principio, la sola llegada de Mendia y la designación como viceconsejero del juez José Manuel Fínez han servido para rebajar varios grados la tensión.
Ambos acudieron hasta el Parlamento vasco para exponer el plan de trabajado diseñado para los próximos años por su departamento, un vasto terreno en el que tiene cabida la Justicia, la Administración y la función pública, así como el régimen jurídico.
En el primero de los epígrafes, Mendia apostó por pasar página y abrir una nueva época de entendimiento. «La comunicación y el diálogo con el Consejo General del Poder Judicial y el TSJPV, sin menoscabo de la legítima crítica, resulta imprescindible», subrayó la consejera, quien en tono cordial expresó su agradecimiento a los jueces vascos, que «tantas dificultades me consta que han pasado y padecen».
Pero más allá de esta declaración de paz institucional, Mendia presentó las medidas que quiere poner en marcha a lo largo de la próxima legislatura para modernizar la Justicia. Abogó por unificar los centros de mediación, por recuperar a los menores delincuentes y, sobre todo, por hacer «efectiva la realidad plurilingüística de nuestro país» para que el ciudadano «se pueda dirigir y obtener respuesta en cualquiera de los dos idiomas cooficiales. Mendia, euskaldun, sostuvo que el euskera no puede ser un elemento «discriminatorio», pero que tampoco puede «minusvalorarse el legítimo derecho» de las personas a utilizarlo en la Administración de Justicia.
Respecto a la transferencia de prisiones, admitió que «no es una prioridad» para el Gobierno vasco porque «forma parte de la política antiterrorista y es un ámbito muy delicado». En un auténtico cóctel de materias, también anunció la puesta en marcha durante los próximos años de una Oferta Pública de Empleo para más de 400 plazas con el objetivo de reducir la interinidad.
Además, Mendia se comprometió a mejorar la asistencia judicial a mujeres víctimas de violencia de género y a implantar la nueva Oficina Judicial para mejorar la gestión.
