13.06.09 -
Tal y como era previsible, la moción aprobada por el Parlamento de Vitoria para exigir el cierre de Garoña provocó un fuerte malestar en el sector eléctrico, que no termina de entender por qué la Cámara vasca se pronuncia sobre este polémico asunto.
«El Parlamento se ha extralimitado en sus funciones», se lamentaba ayer un portavoz de la industria energética, que no dudaba en afirmar que el Legislativo vasco «no tiene competencia en energía, ni en temas nucleares y menos en asuntos que conciernen a una central que esta fuera del País Vasco».
El posicionamiento adoptado ayer por los parlamentarios en contra de Garoña ha aumentado, más si cabe, la inquietud existente en las empresas energéticas españolas en torno al futuro de la planta burgalesa. Una incertidumbre que ya se disparó después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostrara esta semana en dos ocasiones su intención de cumplir su promesa electoral. Algo que, a priori, supondría la clausura de la central atómica en 2011.
Durante los últimos días, las empresas han insistido en la idea de que bajar la persiana de Garoña sería una «barbaridad», que dejaría a España en una posición contraria a la dinámica que se está imponiendo en la mayor parte de los países europeos. A su juicio, marcaría además el camino a seguir con el resto de centrales españolas, cuyos permisos de renovación deben ser analizados en los próximos dos años. Si el Ejecutivo «se decanta finalmente por cerrar las nucleares tras 40 años de vida», advierten, se pondrían en peligro «30.000 puestos de trabajo y supondría la pérdida de inversiones por valor de 200 millones de euros anuales».
