ENERGÍA NUCLEAR
Las palabras de Zapatero soliviantan acargos socialistas en la comarca burgalesa próxima a la central
MOVILIZACIONES. Los trabajadores de la central defendieron ayer a las puertas de la central la seguridad de la planta y exigieron su continuidad.
El presidente del Gobierno tuvo ayer otra oportunidad para aclarar su posición sobre el futuro de Garoña pero no la aprovechó. José Luis Rodríguez Zapatero vadeó el asunto durante la sesión habitual de control en el Congreso de los Diputados refugiándose en la ambigüedad y repitiendo las explicaciones escuchadas un día antes en el Senado. «Mi voluntad es cumplir los compromisos electorales», insistió, y sustituir de forma «gradual, ordenada y razonable» las centrales nucleares españolas «en favor de las energías renovables» siempre, eso sí, que esté «convenientemente garantizada la seguridad del suministro para todos los cuidadanos y las empresas».
Las palabras del presidente, aunque conocidas, sonaron de puertas adentro del partido mucho más clarificadoras y hasta los más pro nucleares dentro de las filas socialistas parecen aceptar ahora que el cierre de la central «está cada vez más cerca». El 'asunto Garoña' ha sacado a la luz las dos almas del partido en lo que se refiere al debate nuclear, división que se deja ver incluso en el Consejo de Ministros con defensores de esta energía como el titular de Industria, Miguel Sebastián, y la de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
Pero la zozobra se ha extendido también a las bases del partido, de forma especial en los ayuntamientos de las localidades más próximas a la planta. Sobre todo en los gobernados por los socialistas. «Si se cierra, entregaré mi carné de afiliado al PSOE y me borraré del partido. Soy socialista de toda la vida, pero no vivo de la política. Me debo a mi pueblo y por eso no entiendo que el presidente del Gobierno piense en cerrar la central sin contar con un plan alternativo para la zona».
Así de contundente y de contrariado se mostró el alcalde de Trespaderne, José Luis López, al que no le dolieron prendas para reprochar en público la postura de Zapatero. «Es cierto que se trata de una promesa electoral, pero que no se olvide de que también prometió pleno empleo y el cierre de Garoña conllevaría para esta zona cero empleo», advirtió. Por ello, instó al presidente de Gobierno a que «se lo piense un poco» y «respete el informe del Consejo de Seguridad Nuclear». Otro alcalde socialista, esta vez el de Miranda de Ebro, Fernando Campo, hizo público también ayer su apoyo a la continuidad de la central. Y exigió, en cualquier caso, un plan de «reindustrialización» para la zona.
«Estoy indignado con la actitud de Zapatero y parte de su Gobierno», llegó a decir otro corporativo socialista de la zona. «Una sola persona no puede tomar una decisión así», subrayó Roberto Ortiz, concejal desde hace seis años en la cercana localidad de Frías, a 11 kilómetros de la planta en donde trabaja. «Ahí está el dictamen de los técnicos, que debiera ser vinculante», insistió.
Protesta en la planta
Entretanto, la gran mayoría de los operarios de la central -con una plantilla de 600 operarios y con otros 400 empleados de forma indirecta- se movilizaban por primera vez contra su posible cierre. 'Garoña es segura. Continuidad', rezaba la pancarta tras la que se concentraron a la salida del turno de trabajo más de medio millar de empleados, tanto de la empresa titular, Nuclenor, como de una veintena de contratas.
«El cierre sería un capricho político y no entendemos que por un capricho se nos pueda mandar al paro a un millar de trabajadores», denunciaba el presidente del comité, Alberto César González Arín. «El viernes celebraremos una asamblea y no descartamos convocar más movilizaciones», explicaba. Cristina Herrero es a sus 33 años la primera operadora de central en España y fue la encargada de leer el comunicado. «Esta empresa produce energía de forma segura y competitiva, contribuyendo con empleo de calidad al mantenimiento de la actividad económica de nuestro país», proclamó antes de pedir que cuestiones estratégicas como el sistema energético se traten como «asuntos de Estado».
El comité ha enviado sendas cartas al presidente Zapatero y al ministro de Industria, Miguel Sebastián, para solicitar un encuentro antes de que se adopte una decisión. «No esperamos respuesta, pero creemos que deberían contar con nuestra opinión», aseguró el presidente del comité.
