FRAUDE EN UN CONCURSO DE FUNCIONARIOS
Uno de los aspirantes para cubrir 30 plazas detectó irregularidades en el primer examen y las denunció a la consejería, que las consideró «graves»
Participantes en una oferta pública de empleo se disponen a realizar la prueba. /PEDRO URRESTI
El Gobierno vasco decidió ayer suspender cautelarmente las pruebas selectivas para cubrir 30 plazas de inspectores de Educación tras la denuncia de filtración de un ejercicio. Al parecer, uno de los aspirantes detectó las irregularidades durante el primer examen de las oposiciones -celebrado el pasado día 5 en Bilbao- y las puso en conocimiento del departamento, que las consideró «graves». La convocatoria para cubrir las plazas la realizó la anterior consejería de Tontxu Campos, que publicó la última resolución para poder poner en marcha el proceso el pasado abril, a escasos días del cambio de Ejecutivo.
Al proceso se presentaron 48 funcionarios del departamento. En muchos casos habían ocupado puestos en la Inspección en comisión de servicios y querían hacerse con una plaza en propiedad. De los cerca de un centenar de inspectores que hay en la actualidad en Euskadi, el 60% ocupa esa labor de manera provisional. El resto pertenece al cuerpo estatal. Este empleo tiene unos complementos salariales anuales de entre 7.000 y 15.000 euros.
El tribunal lo formaban inspectores que trabajan en la consejería de Educación. Según los primeros indicios, la filtración que favoreció a uno o varios opositores se pudo producir una vez iniciado el examen, ya que hasta que se realizó el sorteo no se conocía en concreto el tema que los aspirantes debían desarrollar por escrito. Educación ha puesto en marcha una investigación.
Las oposiciones para el cuerpo de inspectores desataron en su día una polémica. CC OO criticó la «precipitación» con la que se realizó el proceso. El pasado enero, el departamento -entonces, en manos de EA- aprobó el decreto en el que se establecía la Relación de Puestos de Trabajo de esa categoría, y la orden para convocar el concurso. En marzo, dio el visto bueno al nombramiento de los funcionarios que iban a formar parte del tribunal de selección. El 2 de abril, a escasos días del cambio de Gobierno, el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la resolución con los detalles de las pruebas que se iban a hacer el 5 de mayo, el 12 del mismo mes y a partir del 18.
Los sindicatos de la enseñanza manifestaron su sorpresa por la rapidez del procedimiento. CC OO mostró sus sospechas de que esa premura «podía esconder el interés del anterior departamento de 'recolocar' a algunos cargos de confianza» antes de que se produjera el relevo en Educación. UGT pidió la nulidad de la oferta pública de empleo (OPE) al considerar que «no tiene sustento legal». Argumentaba que el ordenamiento autonómico no contempla como «cuerpo propio» el de inspectores en Euskadi. Censuró que el proceso no había seguido todos los pasos a los que obliga la ley.
Instructor
La consejería decidió ayer paralizar el proceso «tras conocer la denuncia y observar la gravedad de la misma», que «puede afectar al principio de igualdad de oportunidades que debe presidir las pruebas», señalaron sus portavoces. El departamento nombró un instructor «para aclarar las circunstancias denunciadas» y manifestó su «compromiso con la transparencia en todos los procesos selectivos que se realicen y con los criterios de publicidad, igualdad de mérito y capacidad que deben prevalecer en todos ellos».
Las graves irregularidades detectadas han saltado a la luz apenas unas horas antes de que la consejera exponga esta mañana en el Parlamento vasco las líneas generales de su programa educativo. Isabel Celaá repasará en la Cámara de Vitoria los problemas de la enseñanza en Euskadi, planteará diversas propuestas y expondrá además su deseo de iniciar un «diálogo fructífero» como mecanismo para «alcanzar acuerdos en cuestiones fundamentales».
m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
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