21.05.09 -
LOS TRANSPORTES
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avaló ayer los servicios mínimos decretados por el Gobierno de cara al paro general convocado hoy por las centrales nacionalistas en Euskadi. En cuatro autos distintos, que responden a otras tantas reclamaciones interpuestas por los sindicatos, los magistrados consideran que la provisión de medios y personal establecido por el Gabinete de Patxi López no desnaturaliza el derecho a la huelga y posibilita que su incidencia pueda ser importante.
El tribunal desmonta uno a uno los recursos elevados por los convocantes de la movilización. Así, afirma que los servicios sociales son «esenciales» y, por lo tanto, «están sujetos» a una regulación de mínimos. El Superior vasco avala también la apertura de los centros académicos públicos y privados no universitarios y la atención al alumnado con al menos un docente por cada cuatro aulas, ya que tiene como objetivo «garantizar la seguridad personal de los alumnos que acudan a los centros educativos». Igualmente, aprueba el mantenimiento en un 25% de la plantilla de las guarderías para que los padres puedan conciliar la vida familiar y laboral.
La reacción del Ejecutivo a esta sentencia procedió de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien consideró que supone un «espaldarazo» a la «consideración de los servicios sociales como un derecho de la ciudadanía a todos los efectos, como el derecho a la salud o la educación». Zabaleta invitó a los convocantes de la protesta a «compartir» esta decisión, ya que reivindican un cambio de «modelo social y económico que pasa, desde luego, porque haya más derechos de la ciudadanía», apostilló.
Sin embargo, sus palabras no tuvieron el eco solicitado entre los aludidos. ELA reclamó al Gobierno vasco que «respete en su integridad el derecho fundamental de la huelga», en especial cuando su «nivel de adhesión es muy mayoritario». Esta central, además de LAB, STEE-EILAS y ESK -firmantes de los recursos presentados en el tribunal-, entiende que la orden de servicios mínimos es «regresiva» y persigue el «boicot» de la protesta o reducir su incidencia «con el fin de hacerla menos visible».
También LAB emitió ayer un comunicado en esta misma línea, en el que critica el «significativo esfuerzo desplegado desde diferentes instancias para intentar deslegitimar la convocatoria». El sindicato abertzale remarcó que «no van a conseguir que fracase», ya que «la mayoría social trabajadora» secundará el paro.
