VIZCAYA
La medida, que fue propuesta por el PP, pretende evitar conflictos con un documento vinculante a la hora de renovar el contrato
Vecinos de Corazón de María denunciaron su caso en el Ayuntamiento. / IGNACIO PÉREZ
Contrato de arrendamiento y compromiso de convivencia. A partir de ahora, estos dos documentos irán unidos en las viviendas municipales de Bilbao. El Ayuntamiento exigirá a los inquilinos que asuman una serie de obligaciones que van más allá del pago de la renta, como el cuidado de los elementos comunes del bloque y el respeto a los vecinos. Las normas no son nuevas, pero al detallarlas por escrito y con la firma del usuario adquieren carácter vinculante. «Queremos dejar claro que si se rompe la convivencia se rompe el contrato y pondremos en marcha los mecanismos para resolver la relación», explica la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo.
Esta iniciativa fue planteada por el Partido Popular, primero como moción en el pleno en octubre de 2007 y después como una propuesta que ha ido madurando en el seno de la sociedad municipal. «Por fin se va a dotar de un instrumento jurídico para hacer frente a situaciones problemáticas que de hecho se dan», afirma la portavoz, Cristina Ruiz. La concejala pide ahora al Gobierno municipal «voluntad y determinación política» para aplicarlo.
11 desalojos desde 2005
Por su parte, Julia Madrazo asegura que el resultado final se aleja bastante del punto de partida y del ejemplo de otras ciudades como Madrid, donde hay «cláusulas exclusivas para realojos» que hacen referencia a cuestiones como el calendario de vacunación de los hijos. En Bilbao se ha optado por un modelo que pueda aplicarse al conjunto de los residentes y que «no sólo incluye obligaciones, sino también derechos».
Viviendas Municipales les garantiza, entre otras cosas, «atención personalizada» a las reclamaciones y «diligencia» en los trabajos de mantenimiento. «Es un mensaje de corresponsabilidad y de compromiso» que parte de la premisa de que estos domicilios son «un bien público». Esta filosofía se plasmará en un documento que los inquilinos están obligados a firmar en el momento de acceder a un piso o cuando renueven sus contratos de arrendamiento, cada cinco años.
Los responsables municipales aseguran que es un instrumento preventivo. Los índices de conflictividad en estos bloques «son similares a los de las comunidades de vecinos de carácter privado». El año pasado se abrieron 21 expedientes por este motivo, en un parque de 3.352 viviendas, y en lo que va de año, otros 15. Suelen ser problemas de ruidos o «desavenencias» que sólo «de forma excepcional» alcanzan mayor gravedad, afirma la directora de la entidad, Isabel Garcés.
Cuando se recibe una queja, la sociedad hace comprobaciones y concede un plazo de diez días para presentar alegaciones. Si el vecino molesto reincide, se abre un expediente de extinción de contrato, aunque la decisión final siempre queda en manos de un juez. Los pleitos se rigen por las leyes de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos y para echar a un inquilino «hay que reunir todo tipo de pruebas». Desde 2005, cuando se creó un servicio de inspección específico «que llama a la puerta y pregunta», once pisos municipales han sido desalojados porque sus habitantes provocaban conflictos en la comunidad. En cuanto a la morosidad, la principal causa de desahucio, el índice ha bajado del 10% al 2,92%.
