«Es un escándalo de primera magnitud». La oposición en el Ayuntamiento de Bilbao exigió ayer al equipo de gobierno que ponga en marcha una comisión especial que investigue las graves irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la operación del polideportivo y aparcamiento del barrio de La Peña. Tanto el PP como el PSE piden que «se depuren responsabilidades políticas» después de que «haya quedado acreditado» que la actuación municipal no se ajustó a la legalidad, según consta en el informe preliminar elaborado por el máximo órgano fiscalizador de la función pública en Euskadi.
Como ya adelantó este diario el pasado lunes, la institución ha puesto de manifiesto que el encargo de redactar el proyecto del parking se adjudicó «sin respetar el principio de libre concurrencia e igualdad de oportunidades». No fue la única anomalía detectada, sino que los responsables locales incumplieron hasta en «50» ocasiones diversos preceptos contenidos en la Ley de Contratos del las Administraciones Públicas y del propio Plan General de Ordenación Urbana de la villa.
El dictamen provisional del Tribunal de Cuentas -el Ayuntamiento prepara ahora una serie de alegaciones- viene a cargar de razón las denuncias que efectuaron los partidos de la oposición a comienzos del año pasado. En febrero de 2008, el pleno municipal, con los votos de PNV y EB, abortaron la puesta en marcha de una comisión de investigación. Ahora, PSE y PP insisten en esa vía, porque entienden que, con las últimas novedades sobre el caso, «existe la certeza» de que se actuó de manera contraria a la normativa. Ambos partidos llevarán su petición a la sesión plenaria de este mes.
«Los bilbaínos necesitan conocer la verdad», planteó el portavoz socialista, Txema Oleaga. «Hay multitud de preguntas que aún no tienen respuesta, como quién y cómo encargó construir el parking», apuntó la líder popular en la capital vizcaína, Cristina Ruiz. «Si el alcalde no tiene nada que ocultar, consideramos que no tendrá reparos a poner en marcha la comisión de investigación, algo tan normal en democracia», apuntó el dirigente socialista.
Por ahora y de forma urgente, las dos formaciones que integran la oposición han solicitado la comparecencia inmediata de Ibon Areso (PNV) y Jon Sustatxa (EB), responsables de las dos áreas -Aparcamientos y Deportes- implicadas en el desaguisado de La Peña. Un proyecto que costó más de seis millones de euros para las arcas municipales y que encadenó importantes retrasos, sucesivos aumentos de presupuesto y diversas deficiencias en los acabados, además de ser acogido con indiferencia por unos vecinos que no se han prestado a pagar 17.700 euros por unas parcelas de garaje que, en un primer momento, iban a salir a la venta por 12.000. El aparcamiento ha vendido sólo una treintena de sus 155 plazas.
Asunto «muy turbio»
Oleaga considera que esa comisión especial debería tener a un edil de la oposición como presidente. También «es muy importante» que tenga potestad para citar «a todas las personas que han tenido que ver con la iniciativa» y que puedan «aportar luz a un asunto muy turbio». Además, el PP no descarta otras medidas para «forzar» a que Azkuna y su equipo rindan cuentas. «Barajamos la posibilidad de pedir la celebración de un pleno extraordinario», dijo Ruiz. Los socialistas tampoco descartan judicializar el caso y recurrir a la Fiscalía, si los responsables locales se niegan en redondo a admitir las propuestas formuladas por la oposición.