MEDIDAS INTERNAS RESOLUCIÓN JUDICIAL
El magistrado acusa de fraudefiscal y tráfico de influencias a Martín Vasco, que se negó a declarar en su comparecencia
Martín Vasco, tras comparecer ante el juez. / EFE
LAS CLAVES
El magistrado Antonio Pedreira, instructor del 'caso Gürtel', impuso ayer una fianza civil de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, a quien acusó de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que propuso la millonaria caución como garantía de su posible responsabilidad civil al considerar que hay indicios de que las corruptelas del aforado 'popular' en el Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey pudieron provocar daños cuantiosos a las arcas públicas.
Según informó el alto tribunal madrileño, la fianza, que es recurrible, tiene como objetivo «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes». Si el diputado regional no abonara la caución no irá a la cárcel, pero el tribunal pondrá en marcha un proceso para embargar bienes de su propiedad por valor un 30% superior a esos 955.000 euros.
La garantía económica exigida por el instructor Pedreira es casi el doble del dinero que Martín Vasco, según la investigación realizada por Baltasar Garzón, recibió en sobornos de Francisco Correa. El juez de la Audiencia Nacional sostiene que el parlamentario regional, ex presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, «intermedió» para que las empresas de Correa se llevaran «proyectos urbanísticos» en ese municipio y que, por estos trabajos, recibió todo tipo de coimas por un valor conjunto de 437.166 euros.
Los informes de la Policía Judicial señalan que entre esos sobornos, además de pagos en metálico de entre 30.000 y 150.000 euros, figuran billetes de avión, estancias en hoteles, alquileres de coches, el pago de parte de su boda y del posterior viaje de novios, y compras de joyas en una conocida tienda de Madrid.
Garzón, en el auto de inhibición a favor de la justicia madrileña, asegura además que el todavía diputado regional abrió las puertas de Arganda a la empresa Easy Concept, una de las principales firmas de Correa, a la que favoreció en varios contratos públicos entre 2005 y 2007.
El tribunal madrileño, cuando asumió la investigación sobre la trama madrileña del 'caso Gürtel' el pasado 31 de marzo, indicó que hay indicios de que Martín Vasco, junto a otros acusados, se dejó sobornar por Correa y los suyos, recibiendo «importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos».
Martín Vasco apenas estuvo una hora en la sede del alto tribunal madrileño. Se negó a declarar ante el juez Pedreira. El diputado se acogió a su derecho a no responder que establece el artículo 24 de la Constitución, según informó su abogado Pedro Colino. Tal y como hiciera la pasada semana su compañero de bancada en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, Martín Vasco indicó al magistrado que guardará silencio hasta que se levante el secreto del sumario del 'caso Gürtel'.
Dimisión como portavoz
El diputado, que presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en la Cámara regional, había dejado ya su puesto como presidente de la comisión de investigación del 'caso de los espías' el 18 de febrero, sólo días después de que su nombre se relacionara con la 'operación Gürtel'.
Horas después de conocerse las medidas adoptadas por el juez Pedreira, el Comité nacional de derechos y garantías del Partido Popular acordó la suspensión cautelar de militancia de Martín Vasco. El órgano interno del PP aplicó la misma sanción a los diputados regionales Alberto López Viejo y Alfonso Bosch.
Los tres habían solicitado esta suspensión temporal al ver sus nombres relacionados con la investigación iniciada en su día por el juez Baltasar Garzón, y ayer fue aceptada por el comité, que abre así la puerta a una futura expulsión del partido. Los tres conservarán el aforamiento si mantienen su escaño en la Asamblea de Madrid, pero tras la medida podrían abandonar el Grupo Popular si lo desean. Es la primera sanción de este tipo a aforados 'populares' por el 'caso Gürtel'.
