ANTONIO VILELA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN (AMA)
«Los derribos son el fracaso de las administraciones públicas», sostiene el portavoz de los afectados, que reclama soluciones urgentes y concretas
«El Gobierno cántabro nos trata como si los condenados fuéramos nosotros». / P. U.
42 apartamentos de la urbanización El Encinar de Arnuero ya son historia. Con ellos se ha abierto la lista de derribos de viviendas condenadas por sentencia judicial en Cantabria. Ahora, Antonio Vilela y el resto de miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) sólo piden «justicia para que no se vuelva a demoler nada hasta que haya una salida para todos los afectados». El presidente del colectivo reclama al Gobierno regional que concrete el plan de soluciones presentado hace meses y advierte de que las víctimas no piensan tirar la toalla. Como muestra de «fe» en encontrar una salida positiva a un problema que ya dura más de 15 años, Vilela recuerda el viaje de más de 30 horas en autobús hasta Bruselas en el que se embarcaron un centenar personas en busca de soluciones. Y no volvieron con las manos vacías. La UE les respalda.
-Tras tantos años de batalla judicial, ¿cómo interpreta el derribo de los primeros bloques de El Encinar?
-Como el fracaso de las administraciones públicas, que no han sido capaces de dar una solución antes del derribo cuando ellas son las condenadas por la Justicia.
-¿Cómo vivió la jornada?
-Con angustia, pena, desolación.
-No se opusieron a la demolición porque la constructora les prometió que no tirará los bloques habitados. ¿Sigue convencido de ello?
-No nos hemos opuesto porque nuestra asociación, al contrario que la Administración de Cantabria, siempre ha respetado la ley. La constructora es quien ha dicho que su único interés es derribar las viviendas inacabadas para cobrar las indemnizaciones, ya que el 90% eran suyas.
-¿Teme que lo ocurrido sea una puerta abierta a más derribos?
-Si las cosas se desarrollaran normalmente, los acontecimientos deberían seguir el curso que han marcado el Parlamento cántabro y el europeo: impedir que los errores y faltas de la Administración los sufran los ciudadanos.
-Los afectados han pasado en unos días del respaldo de la UE a la demolición efectiva de varias viviendas, ¿qué ánimo impera ahora en la asociación?
-La frustración, por no haber sido capaces de impedir una injusticia, y pedimos perdón por ello.
-¿Cuándo concretará el Gobierno cántabro su plan de soluciones?
-Para el Gobierno cántabro somos un problema menor y si ha presentado un plan de actuaciones ha sido, primero, por requerimiento del Parlamento regional y, después, de la Justicia, que llegó a suspender las sentencias pensando que el plan daría soluciones. Ahora esperamos que el impulso de la Cámara de la UE sea determinante para que haga realidad lo que hoy sólo es una declaración de intenciones.
-¿Por qué soluciones cree que se decantará finalmente?
-Creo que el Gobierno intentará regularizar o legalizar el mayor número posible de viviendas, primero porque para ellos el coste es cero, y segundo porque el 90% están en suelo urbano donde seguro se volvería a construir. Creemos que son salvables todas, ya que en las ejecuciones de las sentencias se pueden realizar las modificaciones pertinentes para que cumplan con todas las normas urbanísticas. Los aprovechamientos e indemnizaciones quedarían para casos puntuales.
-Se quejan del trato que les dispensa el Ejecutivo regional. ¿Por qué cree que aún no ha buscado soluciones concretas a su situación?
-No tengo la respuesta, pero sí hechos. Tras venir de Bruselas, llamamos a todas las instituciones para informales de las resoluciones del Parlamento Europeo, y la que menos interés ha mostrado por conocerlas ha sido el Gobierno de Cantabria. Nos trata como si los condenados fuéramos nosotros y no ellos.
Revilla «no recibe»
-¿Le queda confianza en las administraciones?
-El presidente del Gobierno cántabro nos recibió hace tres años y nos dijo que se ponía a trabajar para buscar soluciones. Que nos comprendía, que no somos culpables de nada. Ahora, desgraciadamente, ni nos recibe. Aunque somos muy pesados y no perdemos las esperanza. Él tiene la llave para solucionar esta situación.
-¿Se sienten respaldados por los ayuntamientos donde se ubican las urbanizaciones condenadas?
-Los ayuntamiento son unos de los mayores culpables de esta situación, pero es verdad que ahora sentimos las corporaciones de Argoños y Arnuero más cerca de nuestras familias. Tienen que actuar de impulsores de las soluciones y tienen la herramienta adecuada para atajar estos problemas, que son los planes generales.
-¿Los jueces son insensibles a su situación?
-Creo en las personas y espero que tengan la sensibilidad suficiente para hacer justicia además de aplicar leyes. Tienen que darse cuenta de la desprotección que hemos tenido no pudiendo ser parte de los procesos hasta que ya existía la sentencia de derribo. Nuestro colectivo no ha tenido el apoyo de la Justicia que se merecía.
-Se quejan de la actitud de los ecologistas. ¿Qué opina de su insistencia en que se ejecuten las sentencias?
-Están en su derecho, pero han usado la acción popular para conseguir fines espúreos, dicho por ellos, para poder hacer un Plan de Ordenación del Litoral a su medida. Si nos hubieran dedicado algo de tiempo, nuestras familias habrían sufrido mucho menos.
-¿Cuál será su siguiente paso?
-La prioridad es conseguir del Gobierno un plan de actuación real y con soluciones. Y de los jueces, una moratoria.
