«Acoso y derribo». Jabyer Fernández acusó ayer al diputado general de Vizcaya de ser el principal instigador de la denuncia que el pasado miércoles presentaron contra él siete ex consejeros de iurbentia -entre los que figura el actual presidente del Athletic, Fernando García Macua- por presuntos «delitos societarios» que podrían derivar en «apropiación indebida», fruto del supuesto desvío de 62 millones de euros. Sólo un día después de lanzar graves reproches a José Luis Bilbao, el presidente del grupo Afer volvió a cargar con extrema dureza contra la cúpula foral. Lo hizo para denunciar las «presiones» ejercidas sobre algunos directivos que formalizaron la demanda, que considera parte de una «estrategia global de calumnia y daño» hacia su «buen nombre».

Después de meses de críticas veladas a la Diputación por el incumplimiento de los acuerdos referentes a la planta de casas modulares de Habidite, Fernández se descolgó el pasado miércoles con un primer ataque frontal contra el máximo responsable foral. Con unas palabras sin precedentes por su crudeza, el empresario vizcaíno arremetió contra Bilbao por su decisión de rescindir el contrato en cuatro proyectos que llevan meses paralizados, entre ellos el frontón de Miribilla. Antes de anunciar medidas judiciales, le acusó de «manipular» el libro de incidencias de las obras del recinto deportivo para desprestigiarle y de amenazarle con dejar a su compañía sin posibilidad de optar a cualquier concurso público. Todo esto, interpreta, es una campaña cuyo único «objetivo» es arrojar una «cortina de humo» sobre el núcleo del enfrentamiento: el «vanguardista» proyecto de Habidite, atascado en sus fases previas.

Eso fue el miércoles. Ayer, en su condición de administrador único de iurbenor, Fernández recalcó que la denuncia presentada 24 horas antes por sus ex socios está «orquestada» desde la propia Diputación. La querella se fundamenta en las «gravísimas irregularidades» que Fernández cometió supuestamente al utilizar fondos de la compañía «de manera improcedente» -desviándolos a filiales del grupo- y «en beneficio propio». La cantidad de dinero en cuestión procede del acuerdo que iurbenor -una filial de Afer participada al 50% por iurbentia y al 50% por Fonorte- alcanzó con La Caixa y la BBK en enero para resguardar el principal proyecto residencial de Vizcaya, 'Puerta Bilbao', que contempla la construcción de 2.000 viviendas en los antiguos terrenos de Sefanitro, en Barakaldo. Fruto del acuerdo, que permitió a la compañía evitar la suspensión de pagos, las dos cajas pasaron a ser propietarias de la mayor parte de los terrenos. iurbenor recibió 359 millones de euros por la operación, de los que 43 correspondían al IVA a ingresar en Hacienda. Con el propósito de marcar distancia con las operaciones del presidente, los firmantes de la demanda recordaron las «gravísimas responsabilidades de índole administrativo y presuntamente también penal» que acarrea la utilización «ilícita» de dinero reservado a los impuestos.

«Voluntad de pago»

Fernández reconoció ayer la existencia de esta deuda de 43 millones con las arcas forales. Sin embargo, explicó que el pasado 24 de abril presentó en Hacienda una petición de aplazamiento de pago. A su juicio, esta solicitud, que deberá ser completada próximamente con las pertinentes garantías financieras, es una muestra «clara» del propósito de la empresa de «hacer frente» a una deuda «reconocida». Todo ello -añadió- supone que los hechos denunciados -el impago del IVA- «no pueden ser constitutivos de delito» desde el momento en que existe «voluntad de pago».

Pese a estas afirmaciones, Fernández no mostró demasiadas esperanzas en que la Diputación le conceda el aplazamiento. Sobre todo, porque cree que esta concesión se basará en «valoraciones subjetivas», y no en el «análisis objetivo» de la documentación. Sus pocas expectativas se fundamentan en la convicción de que está siendo víctima de una «campaña de acoso y derribo» puesta en marcha «por el diputado general» con la intención de «eludir las obligaciones recogidas en contrato con Habidite».

En esta línea, el presidente de Afer atribuyó a las «presiones» de la «más alta instancia» de Diputación la denuncia de algunos de sus ex socios. Del mismo modo, relacionó las acusaciones «falsas y deliberadamente tendenciosas» con las «once inspecciones de Hacienda» a otras tantas de sus empresas «en un mismo día». También denunció la actitud de algunos ayuntamientos de la «órbita de José Luis Bilbao», que empujarían para poner en marcha promociones en un momento en el que el mercado «aconseja lo contrario».

Por todo ello, censuró las «prácticas absolutistas y de dudosa legalidad» del dirigente foral, ejerciendo «abusos de poder, de todos conocidos y sin embargo silenciados». Es «inaceptable» que José Luis Bilbao vea «afectada su gestión por motivaciones personales».