en un comunicado
El partido nacionalista califica el caso de "despropósito judicial"
01.05.09 - 19:58 -
La abogada Jon Goirizelaia saluda a uno de los acusados en el sumario 18/98. /Archivo
Eusko Alkartasuna ha denunciado hoy el "despropósito judicial" que, a su juicio, ha supuesto el macrosumario 18/98 y ha pedido que se resarzan los daños a los afectados por unas sentencias "injustas".En un comunicado, EA se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de absolver a 9 de los 47 procesados en el sumario 18/98 seguido contra el aparato político de ETA -EKIN- y otras organizaciones de su entorno, condenados en diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional. EA ha opinado que este fallo del Supremo, que fue comunicado el viernes a la Audiencia Nacional, "constata el despropósito judicial que ha supuesto de principio a fin este macrosumario".
EA ha recordado el caso de los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe, iniciativa por la desobediencia civil, que fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre nueve y once años, y que han resultado absueltos por el Alto Tribunal.
Para EA, "la inseguridad jurídica y el retraso en las resoluciones generan unas situaciones irreversibles, que suponen una injusticia en sí misma, y que deben inducir a una seria y profunda reflexión". "Es una vergüenza que once años después de que se iniciara este macrosumario, y después de que las personas condenadas hayan cumplido ya varios años en prisión, finalmente otro tribunal dicte sentencias absolutorias o rebaje considerablemente las penas originales", ha denunciado EA. En este sentido, y "a la espera de que se dé a conocer la sentencia completa del Supremo", Eusko Alkartasuna ha pedido que "el Estado español resarza los daños por unas sentencias injustas".
Asimismo, ha criticado el "pésimo funcionamiento de la Justicia, su sometimiento a otros objetivos políticos" y "el papel absolutamente antidemocrático y de excepción de la Audiencia Nacional". Finalmente, ha denunciado que "bajo la tesis del 'todo es ETA' se ha extendido la acusación de pertenencia a esta organización a amplios sectores de la sociedad vasca", creando "una situación de inseguridad jurídica".
