ECONOMÍA
La medida forma parte del acuerdo entre el Gobierno y las
eléctricas que resuelve el histórico déficit tarifario
01.05.09 -
La vicepresidenta De la Vega da cuenta de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. / EFE
Unos cinco millones de hogares, en los que habitan 14,5 millones de personas, se beneficiarán de la congelación de la tarifa eléctrica hasta 2012. Los favorecidos por este 'bono social' serán las familias numerosas -tres o más hijos-, los perceptores de pensiones mínimas, los domicilios con todos sus miembros en paro -que ya superan el millón- y los consumidores que tengan contratada en su vivienda una potencia inferior a 3 KW, lo que permite el alumbrado de una vivienda pequeña, y el uso no simultáneo de electrodomésticos como la lavadora y el lavaplatos, pero no la calefacción.
Esta es la principal 'factura' que, a su vez, pagarán las empresas eléctricas, eso sí, a cambio del reconocimiento y del cobro del histórico déficit tarifario que reclaman, una cuantía que ronda los 14.000 millones de euros, según la fórmula aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que fue dada a conocer por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En realidad, los beneficios de este 'bono social' correrán a cargo del conjunto de los usuarios. La tarifa de último recurso, la única a la que se podrán acoger los consumidores domésticos y el pequeño comercio cuando se liberalice plenamente el suministro el próximo 1 de julio, reflejará la variación de los costes.
Las compañías eléctricas asumirán además el coste de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado (segunda parte del ciclo del combustible nuclear). A precios actuales, la suma, que se pagará a lo largo de varios ejercicios, asciende a 2.700 millones de euros.
Las empresas eléctricas defienden que, para superar el desfase entre los elevados costes de generación y el inferior precio reconocido, la tarifa hubiera tenido que subir un 30%. En el último año y medio volvieron los incrementos, que se quedaron muy lejos de esa cifra, y todas las partes son conscientes de que el ajuste debe realizarse paso a paso. Por eso se prevén incrementos sucesivos del 5%, que ahora parecen poco compatibles con un escenario de fuerte contracción económica: la demanda eléctrica se hundió el 10,8% en comparación anual el pasado marzo, una vez corregidos los efectos del calendario laboral y de la diferente climatología.
Titulizaciones
El déficit acumulado ya incide en la tarifa, repartido a lo largo de un periodo de 15 años. Algo más del 5% del importe de los recibos domésticos actuales corresponde al reintegro de las diferencias de ejercicios pasados. El Gobierno reconocía oficialmente los importes tiempo después, y las empresas 'titulizaban' ese derecho y lo colocaban en los mercados para poder cobrarlo cuanto antes.
Pero la crisis financiera cerró a cal y canto el mercado mayorista del dinero y las titulizaciones promovidas por la Comisión Nacional de la Energía se saldaron con un fiasco. Las empresas se plantaron, y advirtieron de que el problema del déficit tarifario podría poner en riesgo las inversiones necesarias para la garantía del suministro. Para solventarlo, el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades pendientes de titulizar, así como los derechos que se generen entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 por este mismo concepto.
