Saltar Menú de navegación
Hemeroteca |
ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Vizcaya

VIZCAYA

Fernando García Macua atribuye al presidente de Afer supuestos delitos societarios que podrían derivar en apropiación indebida

Cerrar Envía la noticia

Rellena los siguientes campos para enviar esta información a otras personas.

Nombre Email remitente
Para Email destinatario
Borrar    Enviar

Cerrar Rectificar la noticia

Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre* Email*
* campo obligatorioBorrar    Enviar
Ex socios de Fernández le acusan de no pagar 43 millones del IVA por la operación de Lutxana
Jabyer Fernández escucha a García Macua. / BORJA AGUDO
El actual presidente del Athletic, Fernando García Macua, y otros seis ex consejeros de iurbentia promoción inmobiliaria presentaron ayer una denuncia ante la Ertzain-tza contra el presidente de la empresa, Jabyer Fernández, al que acusan de «delitos societarios» que podrían derivar en una presunta «apropiación indebida». Según explican los firmantes, que dimitieron de sus cargos hace pocas semanas, el motivo fundamental de la querella reside en las «gravísimas irregularidades» que cometió el propietario del grupo Afer al utilizar de forma «improcedente, ilegítima y desleal» una parte de los fondos económicos de la compañía, entre los que figuran los 43 millones de euros que debían ser ingresados esta misma semana en las arcas forales en concepto de IVA.
Fuentes próximas a Fernández subrayaron ayer que el origen de este pleito se remonta al acuerdo que iurbenor -una filial del grupo Afer que se encuentra participada al 50% por iurbentia y al 50% por Fonorte- alcanzó con La Caixa y la BBK en enero para salvar el principal proyecto residencial de Vizcaya. Denominado como 'Puerta Bilbao', esta iniciativa contempla la construcción de 2.000 viviendas y la explotación de más de 80.000 metros cuadrados en los antiguos terrenos de Sefanitro, en Barakaldo. La crisis y el estrechamiento del mercado financiero habían colocado a la empresa en una posición económica muy delicada, al borde de la suspensión de pagos. En este contexto, el pacto alcanzado con las dos entidades bancarias permitió evitar la mayor quiebra del ladrillo en Euskadi. Fruto del acuerdo, las dos cajas pasaron a ser propietarias de la mayor parte de los terrenos: 235.000 metros cuadrados, dejando los 15.000 restantes en manos de la compañía. A cambio, iurbenor recibió 359 millones de euros por la operación.
A partir de ese momento, las diferencias entre los consejeros de la empresa empezaron a agrandarse y, poco después, se convirtieron ya en insalvables, según consta en el acta de la reunión que el consejo de administración de iurbentia celebró el pasado 16 de abril, que ha sido adjuntada a la denuncia. Un día después de la venta del suelo, el 27 de enero, se sustituyó el consejo de administración «en su integridad» y Fernández asumió poderes como administrador único.
El 26 de marzo, Fernández, como grupo Afer, solicitó los talonarios que se habían recibido de La Caixa. Y sólo un día más tarde aparecieron en las cuentas de iurbentia una serie de movimientos de capital completamente «desconocidos» para la dirección financiera de la empresa. El resultado de aquellos trasvases de dinero fue, según el acta levantada, que la contabilidad de la compañía quedó con «apenas el saldo necesario» para pagar las nóminas de marzo.
«Desleal»
Los demandantes no tardaron en pedir explicaciones al presidente, a través de un requerimiento notarial. El pasado 16 de abril se celebró la reunión del órgano directivo de la empresa. Durante la sesión, el consejero delegado de la entidad, Emilio Prieto, informó sobre la situación financiera de iurbentia. Varios accionistas acogieron este documento con «muestras de sorpresa», de «perplejidad», que pronto se convirtieron en «protestas» en toda regla. Se explicaba que de los 359 millones de euros recibidos con la operación, 297 se destinaron a cancelar la deuda bancaria. De esta manera quedaban disponibles casi 62 millones, de los que 43 correspondían al IVA a ingresar en Hacienda por la operación urbanística.
Este dinero, sin embargo, no aparecía en las cuentas de la empresa ya que, según se explica en el acta, fue desviado a otras filiales del grupo. El capital -según las explicaciones dadas por Fernández al consejo- fue utilizado para pagar deudas a Fonorte inmobiliaria (10 millones); 3,5 fueron a Habidite Alonsotegi, que había suscrito una ampliación de fondos con Habidite Aragón; y otros 15 millones se utilizaron para compensar la inversión en investigación realizada por esta compañía.
En ese momento, los socios querellantes advirtieron ya de que, en vista de la situación generada, estarían obligados a adoptar «medidas legales». Subrayaron que las decisiones tomadas por el presidente resultan «totalmente improcedentes», «desleales» y, además de constituir una «grave contraposición de intereses» entre el presidente y la compañía, pueden devenir en «graves ilícitos», por lo que pidieron la reposición de fondos a iurbenor.
Particularmente duros fueron al censurar la utilización del presidente de los fondos destinados al pago del IVA en otras operaciones, lo que a su juicio suponen «gravísimas responsabilidades de índole administrativo y presuntamente también penal».


d.s.olabarri@diario-elcorreo.com
Opina

* campos obligatorios
Listado de comentarios
Te ofrecemos todos los eventos de cada día: teatro, conciertos, exposiciones...
Vocento
SarenetRSS