La consejera de Industria, Ana Aguirre, el diputado general, José Luis Bilbao, y Jabyer Fernández presentan el proyecto para Alonsotegi. / MAIKA SALGUERO
«No es un desencuentro entre la institución y el grupo empresarial, sino entre José Luis Bilbao y Jabyer Fernández». El presidente de Afer arremetió ayer con extrema dureza contra el diputado general por su decisión de rescindirle el contrato en cuatro obras que llevan meses paralizadas. En un comunicado, acusa a la Diputación de «manipular» el libro de incidencias de la construcción del frontón de Miribilla y de amenazarle con dejar a la empresa fuera de cualquier concurso público, y anuncia acciones judiciales. Todos los pasos que ha dado el Gobierno foral responden, a su juicio, a un único objetivo: arrojar «una cortina de humo» sobre la verdadera raíz del enfrentamiento, el controvertido proyecto de Habidite.
El respaldo de la Diputación a la planta de casas modulares de Alonsotegi, que se plasmó en la firma de varios contratos en diciembre de 2006, «era una mera estrategia electoral para consolidar el voto en la comarca de Las Encartaciones» tras el cierre de Reckitt, asegura Fernández. En su opinión, «la intención no confesada» de incumplir los compromisos adquiridos le han llevado a emprender una campaña de desprestigio «para acabar con la empresa y el empresario» que lidera la iniciativa proyecto, que no ha llegado a despegar. Dos años y medio después de su solemne presentación pública, la institución foral no ha completado la compra de los terrenos ni ha iniciado los trabajos de urbanización, cuyo proyecto está siendo revisado al dispararse los costes.
«En los últimos meses he estado tratando de concertar una reunión contigo para transmitirte mi preocupación por el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato que firmamos». Así empieza una carta que Fernández remitió al diputado general el pasado 6 de febrero, en la que no oculta la «gravedad» de la situación. Los «importantísimos retrasos» acumulados han ocasionado «importantes quebrantos económicos» a Habidite y ponen en riesgo las ayudas de seis millones de euros que le iba a conceder el Gobierno vasco, advierte.
Todo apunta a que la reunión que solicitaba en la misiva no llegó a producirse. Apenas un mes después, Bilbao dijo en las Juntas Generales que mantenía su apuesta por Habidite «siempre y cuando exista proyecto y empresario». Fue una de las primeras declaraciones en las que marcó distancias con el grupo Afer, que como respuesta le acusó de «poner en riesgo mil empleos». Ahora ha decidido lanzar un ataque frontal tanto por el «desapego» de la institución hacia la planta de casas modulares como por la campaña «para perjudicar la imagen de Jabyer Fernández y sus empresas».
Según su versión, el desencuentro empezó a hacerse palpable en diciembre de 2007, cuando Bilbao «incumplió la obligación» de poner a disposición de la empresa los terrenos de Alonsotegi. Asegura que la Diputación «no ha hecho propuesta alguna de compra a los actuales propietarios» del suelo que está pendiente de adquisición ni ha seguido las «recomendaciones técnicas» para los trabajos de compactación de rellenos en la zona donde está previsto construir la fábrica. El pasado 4 de junio, cuando se presentó en Ortuella el primer prototipo de vivienda, el diputado general declinó la invitación «en el último minuto», y desde entonces «no ha querido conocer personalmente» el proyecto. «¿Qué mensaje transmite a los empresarios e inversores?», se pregunta.
A partir de este punto, las acusaciones se endurecen y entran en el terreno de los hechos «presuntamente constitutivos de delito». Jabyer Fernández sostiene que la Diputación ha recurrido a la «manipulación fraudulenta» de la documentación de las obras del frontón de Miribilla, uno de los contratos que se quiere rescindir. El presidente de Afer, que atribuye el parón a una «mala planificación del proyecto», sostiene que el libro de órdenes e incidencias de los trabajos, donde se anotan los problemas que van surgiendo, «no contenía ni una sola incidencia» el 9 de febrero de 2009, como atestigua un acta notarial. «Incomprensiblemente», prosigue, «el 12 de marzo aparecen no uno, sino tres libros de incidencias fechadas desde el 19 de julio de 2007».
El empresario muestra su «hartazgo» por las «múltiples amenazas» que ha recibido «por parte de empresas e instancias en la órbita de José Luis Bilbao», en las que supuestamente le advierten de que no le adjudicarán ninguna obra pública. «Así viene siendo en los últimos 18 meses», concluye. Ahora se prepara la rescisión de cuatro contratos que sí le concedieron.
