Desmanes urbanísticos en la costa
La localidad de Arnuero fue escenario ayer del derribo de la primera urbanización sentenciada en Cantabria
«Tengo el estómago revuelto. Y miedo de que luego vayan a por nosotros. Ya sabes: ¡Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...», explicaba María Jesús Rueda, que había pedido el día libre en su trabajo en el hospital de Cruces, pero no para disfrutarlo. Y es que la localidad cántabra de Arnuero fue escenario ayer de la primera demolición de viviendas en la región por irregularidades urbanísticas. Un total de 42 apartamentos de la urbanización El Encinar fueron reducidos a escombros ante la atenta mirada de un grupo de propietarios de la promoción, todo un símbolo para los afectados, ya que abrió hace 15 años la lista de inmuebles condenados a la piqueta.
Al caso de El Encinar, ubicado en una zona de especial protección ecológica, le siguieron decenas de sentencias que afectan ya a un millar de residencias en toda Cantabria. Los municipios que aglutinan el mayor número de urbanizaciones 'marcadas' son Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante. La mayoría, propiedad de vascos, cántabros y riojanos, vulnera la Ley de Costas o invade espacios protegidos.
Hasta ayer, nunca antes se había materializado ninguna demolición. Y es que, en estos casos, los procesos judiciales son complejos y suelen dilatarse en el tiempo. En varias ocasiones, además, fue imposible encontrar empresas que quisieran asumir estos trabajos por la repercusión social que implican. No obstante, Inmobiliaria Arnuero -propiedad de Cenavi, la misma promotora que construyó las casas-, se ofreció en octubre a tirar los dos primeros bloques de la urbanización. Acababa de presentar suspensión de pagos y el objetivo de la entidad, propietaria de 36 de los 42 apartamentos, era «cobrar la indemnización patrimonial» que sólo recibirá cuando los pisos desaparezcan.
Para sorpresa de los vecinos, la operación de ayer arrancó a primerísima hora de la mañana y se desarrolló a un ritmo trepidante. Estaba previsto que los operarios empezaran a vallar el perímetro de los bloques a las diez, pero los camiones empezaron a aproximarse a los edificios cinco horas antes. Al filo de las siete las piquetas ya estaban a pleno rendimiento. «Se ve que no las tenían todas consigo pese a nuestro compromiso de no obstruir la obra. O será que no tienen la conciencia tranquila y por eso han venido a hurtadillas», sugería Emilio Bocanegra, vecino de Portugalete y presidente de la comunidad.
«En teoría iban sólo a poner el cerramiento, pero van rapidísimos. Desde luego, no esperábamos ver tirar las casas tan pronto», explicaba Marisa Briz sin dar aún crédito a los que veían sus ojos. «Ojalá sólo caigan estos, pero la sensación que te queda es que va a caer todo», apuntaba esta santanderina.
Despliegue policial
Entre los testigos del avance de las máquinas estaba Juan Bautista, de 73 años, uno de los seis propietarios que en su día cedieron suelo para levantar la promoción. A cambio le ofrecieron uno de los apartamentos. Su piso, a medio construir, fue uno de los derribados ayer. «Voy a exigir al menos 120.000 euros en compensación, aunque no los verán ni mis nietos», suspiraba.
Tres patrullas de la Guardia Civil y una de la Policía local custodiaron las obras, pero no fue necesaria su intervención. Como ya habían anunciado los afectados, sólo iban a asistir de forma pacífica al desarrollo de los trabajos. «Tomar otra actitud no nos llevaba a nada», justificaron. Además, Cenavi les «prometió verbalmente» que no tiraría las otras 102 viviendas de la urbanización que, pese a estar condenadas, aún siguen en pie. Esas sí están ocupadas. Algunos permanecieron todo el día a pie de obra, otros contemplaban el panorama desde sus balcones, situados a apenas 20 metros de los bloques derruidos.
No obstante, varios vecinos repartieron panfletos que calificaban Cantabria como la 'Marbella del norte' y solicitaban la legalización o una «justa indemnización» para los propietarios del resto de apartamentos. También portaron una pancarta con el lema '144 familias víctimas de la mafia del ladrillo'.
Algunos residentes protestaron porque las obras habían «taponado» la entrada a los garajes de otro bloque. Y reclamaron a los operarios cierta «precaución» a la hora de tirar el segundo bloque, ya que alberga el transformador que surte de electricidad a toda la urbanización.
A las once y media, las máquinas ya habían echado abajo el primer edificio. Y es que dos piquetas y otras tantas excavadoras trabajaron a destajo hasta las cinco y media de la tarde, cuando culminó la demolición de ambas fases. Mientras, los nervios y la emoción contenida se palpaban entre los vecinos. «Han logrado que vuelva a fumar después de tres años», confesaba Emilio. «Ojalá sea el primero y último derribo. Ya se ha visto que las sentencias se cumplen, ahora toca pensar en los afectados», decía Paco Laín. Mientras, el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, propuso ayer al Gobierno cántabro una moratoria de tres años para el resto de la promoción. En ese tiempo, se construirían otras casas donde realojar a los vecinos.
