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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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Inicia los trámites para rescindir los contratos con la empresa de Jabyer Fernández en las cuatro obras paralizadas en Vizcaya, entre ellas el frontón de Miribilla

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La Diputación rompe con Afer
Jabyer Fernández presenta el proyecto de construcción de casas modulares a cargo del grupo Afer, en presencia del diputado general de Vizcaya. / MAIKA SALGUERO
La Diputación ha decidido emprender los trámites necesarios para rescindir los contratos rubricados con el grupo Afer en los cuatro proyectos que la empresa vizcaína ha dejado en punto muerto, entre ellos el frontón de Miribilla. Los «retrasos» y la «paralización» de unas obras que se adjudicaron mediante «concurso público», en los que se fijaron unos «plazos y unos costes determinados», han llevado al Gobierno foral a adoptar esta contundente medida -sin apenas precedentes- contra la compañía de Jabyer Fernández, que ayer se apresuró a anunciar que «defenderá sus derechos» en los tribunales.
Rescindir un contrato de estas características no es un trámite sencillo, según admiten portavoces de la institución. Se trata de un proceso sujeto a múltiples alegaciones de las partes y que, por tanto, puede prolongarse en el tiempo. En otros casos, para evitarse problemas legales, la Administración se ha decantado por penalizar a la empresa con una multa y otras fórmulas sancionadoras. Ocurrió, por ejemplo, en 2005, después de la 'crisis de los quitanieves' y del monumental atasco que se formó en Vizcaya por los fallos de gestión de la empresa encargada de la conservación de las carreteras. Entonces, se optó por materializar el relevo en la concesión a través de una figura denominada 'cesión de contrato', que permite a la propia compañía elegir su sustituto.
Ahora, sin embargo, se ha resuelto romper los contratos en las cuatro obras paralizadas con Fonorte, una de las firmas del grupo Afer, que atribuye las demoras a las «deficiencias» detectadas en la planificación inicial de unos proyectos que deben ser «redefinidos» para ajustarlos a sus costes reales. El primer paso en todo este proceso se dará a lo largo de la mañana de hoy. Concretamente, en la reunión del consejo de administración de Kirolgintzan. Según adelantan fuentes forales, en él se acordará acometer las gestiones que permitan formalizar la ruptura contractual relativa al 'Frontón Bizkaia', llamado a convertirse en el mayor recinto de pelota mano de Euskadi y cuya construcción debía haberse terminado esta misma semana. La fecha de inauguración de este espacio deportivo, con gran parte de la obra todavía por ejecutar, continúa siendo una incógnita.
Creciente distanciamiento
El Gobierno foral comenzará de forma paralela a revisar el resto de obras paralizadas. Después de «estudiar» las vicisitudes de cada caso, procederá a la rescisión de los contratos. En este sentido, los otros tajos bloqueados se encuentran en Gernika, donde se debían realizar unas labores de saneamiento; en Mungia, donde se había estancado la construcción de una residencia para discapacitados; y en Galdakao, municipio en el que hace dos años y medio se adjudicó a Fernández la edificación de 72 viviendas que están paradas ante la imposibilidad de conseguir créditos bancarios en unas condiciones rentables.
La decisión de romper la vinculación con la empresa en los proyectos paralizados pone de manifiesto el creciente distanciamiento que se ha producido entre la Administración pública y Afer. El grupo que preside Fernández protagonizó un fulgurante crecimiento en pocos años, consiguiendo adjudicaciones para levantar importantes negocios urbanísticos en Bilbao, como el hotel Sheraton, las torres de Isozaki o la Torre Iberdrola. Al mismo tiempo, logró contratos para participar en obras públicas de calado, como la construcción de la 'Supersur' y el Tren de Alta Velocidad (TAV).
En este contexto, a finales de 2006, presentó su plan para poner en marcha una fábrica de casas modulares de Alonsotegi. Un proyecto «vanguardista» que recibió el respaldo expreso de la Diputación y el Gobierno vasco. Esta iniciativa derivó en la formulación de un convenio entre la institución foral y la empresa que fue cuestionado por el Tribunal Vasco de Cuentas. Atascada en sus fases previas, la planta empezó a acumular retrasos y Fernández comenzó a reclamar a la Diputación el cumplimiento de los acuerdos. En las últimas fechas, además, las declaraciones de ambas partes han ido subiendo de tono. El máximo responsable de la compañía acusó al Gobierno foral de poner en riesgo 1.100 empleos al no proporcionar el suelo para la factoría; y, en un tono muy distinto al empleado en la presentación del proyecto, el diputado general, José Luis Bilbao, aseguró que la institución apoya el proyecto siempre que exista una «empresa» y un «empresario» que lo sustenten.
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