los efectos de la crisis
Acelera su plan de ajuste y propone un canje de deuda por acciones para evitar la quiebra
Vehículos de la gama Pontiac de General Motors, alineados en la explanada de la fábrica de Orion (Michigan). /AFP
Acosada por los plazos impuestos por el Gobierno de Estados Unidos para no imponer la suspensión de pagos a la compañía, General Motors (GM) anunció ayer ajustes adicionales en su plan de viabilidad que elevarán hasta 21.000 los puestos de trabajo a recortar frente a los 14.000 anunciados. Además, plantea desprenderse de cuatro de sus marcas y el cierre de 13 plantas en Estados Unidos hasta 2010, que se elevarán a dieciséis en 2012, para quedar reducidas finalmente a 31.
De forma paralela, la empresa lanzó una oferta para reestructurar su deuda que si triunfara dejaría su propiedad en manos del Gobierno, los sindicatos y otros prestamistas. El plan para intercambiar 225 acciones por cada mil dólares de deuda encontró eco en el Ejecutivo de Barack Obama, que junto con los sindicatos controlaría el 89% de las acciones, pero fue inmediatamente condenado al fracaso por todos los analistas, pese a que GM amenazó con la suspensión de pagos.
El nuevo plan supondrá la desaparición este año de las marcas Saturn, Hummer, Pontiac y Saab y el despido de 500 comerciales. Además, según el presidente del grupo automovilístico, Fritz Henderson, la presencia de GM en Europa resultará afectada por la venta de la marca alemana Opel. La compañía negocia su venta con distintos grupos inversores aunque su responsable se negó a identificarlos.
Deuda privada
El futuro está ahora en manos de los poseedores de la deuda privada de la compañía, que sólo obtendrían a cambio de ella el 10% de una empresa a punto de desmoronarse, sin recibir ni un centavo a cambio.
Sin su consentimiento, el plan no es viable, ya que se requiere que sea aceptado por el 90% de los que poseen los 27.200 millones de deuda que intenta reestructurar el grupo antes del 1 de junio.
Esa es la fecha que le ha puesto de límite el Gobierno para ofrecer un plan viable o acogerse a la ley de bancarrota. Si bien esa opción tampoco beneficiaría a las más de cien instituciones a las que debe dinero, algunas empiezan a ver en los tribunales una posición más beneficiosa que la de la actual gerencia.
Su anterior jefe ejecutivo Rick Wagoner, cuya dimisión forzase el Gobierno, había ideado un plan que daría el control de la empresa a estas instituciones bancarias con un 90% de las acciones comunes, además de una cantidad de dinero en efectivo sin determinar, según fuentes de la agencia Bloomberg.
De ahí la indignación que mostraban ayer en privado los titulares de los bonos de deuda de General Motors, que se sienten discriminados en comparación a lo que la empresa ha negociado con los sindicatos.
A la Unión de Trabajadores del Automóvil (UAW, por sus siglas en inglés) se le ha ofrecido reducir a la mitad los 20.400 millones que la empresa debe al fondo para el seguro médico de sus jubilados a cambio del 39% de las acciones. El gobierno todavía tendría que inyectar otros 11.600 millones de dólares en capital y reducir a la mitad la deuda de los 15.400 que le ha prestado desde comienzos de año.
El 1% que resta entre el 89% que juntan los trabajadores con el Gobierno y el 10% de las instituciones bancarias iría a parar a manos de los actuales accionistas, que verían así su participación significativamente reducida en la nueva empresa que resulte.
