pide un nuevo informe
Concluye que el depósito de tierras contaminadas es de una «legalidad más que dudosa» y pide un nuevo estudio para averiguar si es seguro
La celda fue construida a mediados de los años 90 y alberga 110.000 toneladas de residuos. / BERNARDO CORRAL
CRONOLOGÍA
Su dictamen no es vinculante, pero el Defensor del Pueblo acaba de emitir un contundente informe contra el depósito de lindane que se encuentra situado a escasa distancia de las pistas del aeropuerto de Loiu. La institución dirigida por Enrique Múgica duda de que el emplazamiento que en 1996 eligieron Aena y el Gobierno vasco para almacenar 110.000 toneladas de tierras contaminadas sea realmente seguro y solicita que se elabore un nuevo informe independiente para analizar si los vecinos de la zona y los usuarios de 'La Paloma' corren algún peligro. Además, el documento, al que ha tenido acceso EL CORREO, califica de «irregular» el proceso que las instituciones siguieron para construir lo que los ecologistas tildan de «vertedero ilegal y clandestino» y lo que el Ejecutivo autonómico llama «celda de seguridad».
El fantasma del lindane revive diez años después del sellado del sarcófago de confinamiento de Loiu. El informe del Defensor del Pueblo se emite a petición de la asociación ecologista Lur Maitea, que lleva más de una década denunciando el ruido del aeropuerto, pero también el depósito con restos del pesticida. Los conservacionistas se dirigieron a este organismo con motivo del proyecto de ampliación del aeródromo. Además de denunciar el plan de Fomento, aprovecharon para recordar la problemática de la celda de seguridad.
El informe no deja lugar a dudas en un aspecto fundamental: el proceso administrativo para construir el almacén fue «irregular» porque no contó con la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental previa. Una conclusión a la que ya llegó la Comisión Europea en el dictamen motivado que emitió en 2001.
La oficina de Enrique Múgica dedica gran parte de los once folios del documento a criticar esta manera de proceder del Gobierno vasco, que no dio posibilidad a los vecinos de alegar u oponerse a la iniciativa, que supuso una inversión de más de 7 millones de euros. «El hecho es que nunca hubo posibilidad efectiva de atender a la alternativa de no realizar la celda o de ubicarla en otro lugar, y esto hace que estemos ante un sistema de gestión de residuos de legalidad más que dudosa, pues contar con la posibilidad de no realizarla es la esencia de la evaluación de impactos», afirma.
En este sentido, critica que se elaborara un estudio de impacto ambiental a posteriori. A su juicio, este documento «desvaloriza la técnica de evaluación ambiental», entre otras razones porque se basa en «hechos consumados» e impide que se adopten algunas decisiones clave como «la paralización de obras» e, incluso, «la posibilidad de declarar como no viable un proyecto».
Una historia de «incuria»
El Defensor del Pueblo muestra también sus dudas sobre la seguridad del recinto. Los ecologistas aseguran que la colisión de un avión contra el depósito puede provocar «una nube tóxica». La oficina de Enrique Múgica considera que esta amenaza es «motivo suficiente para que cunda la preocupación», pese a que Aena garantice la estabilidad de la celda mediante sus propios informes. «Es necesario un nuevo estudio independiente verdaderamente imparcial y que incluya, entre otras alternativas para analizar, la posibilidad de su retirada», se asegura.
Como colofón, el Defensor del Pueblo califica lo sucedido desde 1944 -fecha en la que se comienza a producir lindane en Asúa- como un relato «verdaderamente lamentable de incuria y desencuentro ante problemas reales cuyo final comporta que la responsabilidad queda difuminada y el residuo enterrado».
