«¿Dick Cheney quiere que se sepa todo? ¡Adelante!», prometió ayer el fiscal general, Eric Holder. Al menos lo que esté en su mano. Barack Obama ha depositado sobre él la responsabilidad de enjuiciar a los abogados de Bush o a quien considere oportuno por su papel en el uso de torturas, algo prohibido tanto por la ley de Estados Unidos como por los tratados internacionales que ha firmado.
«Muy bonito, y eso que eran amigos», escribió sarcástico el editorialista del 'San Diego Union', que publica sus columnas en medio país. «Decida lo que decida, será criticado. Y además, ¿cómo se enjuicia a un abogado sólo por ofrecer la opinión legal que se le ha pedido? Con eso no violan ninguna ley».
En medio de ese torbellino público y político, a Holder le tocó testificar el jueves ante el Congreso, donde los republicanos impulsaron los deseos del ex vicepresidente: Que el Gobierno no desclasifique memorandos «de forma selectiva», sino que también dé a conocer aquellos en los que, según Cheney, se explica el partido que se le sacó a los presuntos terroristas con esas «técnicas de interrogatorio» con las que, de acuerdo a su versión, se evitaron nuevos ataques.
«Ciertamente no es la intención de este Gobierno jugar al ratón y al gato, ni dar a conocer sólo ciertas cosas», les respondió el fiscal general. «Nuestra intención no es avanzar ninguna agenda política ni ocultar cosas al pueblo estadounidense», añadió. Holder prometió que lo que dependa de la cartera de Justicia será hecho público, aunque no puede hablar por otras agencias como la CIA, por ejemplo. Por su parte, no permitirá que «se criminalice en base a preferencias políticas», prometió, lo que no elimina la posibilidad de que se enjuicie a algún miembro de la Administración Bush, como pide la izquierda. «Mi responsabilidad es que se cumpla la legislación, y si veo alguna evidencia de que se ha actuado incorrectamente aplicaré todo el peso de la ley».
Necesidad de consenso
Probablemente estuviera confiando en que su jefe calme el fuego prendido la semana pasada al desclasificar los documentos en los que los abogados de Bush daban el visto bueno legal a las técnicas de tortura usadas en estos años. Según 'The New York Times', en los últimos dos días Obama ha mantenido reuniones con los líderes del Congreso para explicarles «su firme oposición» al escarnio público del pasado Ejecutivo mediante una comisión de la verdad o la creación de un fiscal especial. Su argumento es que eso enrarecería el clima político en un momento en el que necesita consenso para sacar adelante su agenda energética y la reforma de la seguridad social, entre otros temas.
Obama logró apuntarse un importante aliado que, «por ahora», le ayudará a detener la corriente que busca depurar responsabilidades sobre uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del país. Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, suscribió el jueves por la tarde la postura del presidente en conferencia de prensa. Se trata de una tregua hasta que el Comité de Inteligencia en el Senado complete su informe a final de año. Para entonces, igual se han calmado los ánimos.