El Consejo de Ministros dará luz verde hoy a un paquete de ayudas de hasta 14.000 millones de euros que servirá para aliviar la situación de aquellas pequeñas empresas y autónomos que sufren la morosidad de los ayuntamientos. El programa estará plenamente operativo en menos de un mes.
El gabinete aprobará un real decreto por el que, por un lado, se permitirá a los consistorios endeudarse a largo plazo para financiar su déficit de tesorería y, por otro, se habilitará una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que servirá de aval a las líneas de descuento de los acreedores de las entidades locales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, adelantó ayer la medida y aseguró, en contra de lo que afirmaba Pedro Solbes, que el Gobierno tiene aún «margen fiscal» para nuevas medidas de reactivación económica.
La crisis, la caída de ingresos y la dureza de acceso al crédito han puesto contra las cuerdas a muchos ayuntamientos que, en la práctica, no tienen dinero líquido para pagar a sus acreedores.
2008 terminó con 1.000 entidades locales con remanentes negativos de tesorería. Para solventarlo, estas corporaciones podrán ahora pedir créditos por un plazo máximo de amortización de seis años y uno o dos de carencia (sin abono de intereses).
Eso sí, antes deberán presentar a Economía un plan de saneamiento por idéntico plazo que el préstamo. Con ese dinero y en el plazo de un mes deberán cancelar las deudas con sus proveedores; pago que habrán de certificar también ante el departamento de Salgado. La previsión de Economía, en base a la deuda reconocida por los ayuntamientos, es que este cúmulo de créditos pueda alcanzar los 11.000 millones.
Coste del 5%
Gracias a la nueva línea del ICO, quienes tengan letras o pagarés de los ayuntamientos morosos, hoy prácticamente incobrables, podrán presentarlos al descuento con unas condiciones bastante favorables. El coste será del 5% de la cantidad, menos de la mitad de lo que cobran las pocas entidades que hoy están descontando estos instrumentos, con lo que los acreedores podrán recibir el 95% de la deuda, sin incluir intereses. Y no hay límite para la antigüedad de las facturas.
Las corporaciones locales, que con la primera medida dispondrían de dinero, deberán pagar a los bancos esas deudas en el plazo de seis meses. Para evitar una avalancha de descuentos y, sobre todo, para que los principales beneficiados sean las pymes y los autónomos, el plan establece dos límites. Cada acreedor sólo podrá recibir 300.000 euros, y el tope por entidad local será del 25% de su participación en los tributos del Estado para 2009.
Por otro lado, Elena Salgado reconoció que, como ha sucedido en otros países europeos, es «probable» que España deba rebajar sus previsiones. El Gobierno, apuntó, tratará el asunto en pocas semanas con los últimos números del Banco de España como base sobre la que trabajar.