lucha antiterrorista | polémica
El fiscal general del Estado cuestionó la semana pasada el procedimiento que rige la colaboración entre la Policía Nacional y la Fiscalía
23.04.09 - 11:44 -
El PP cree que las palabras del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las que cuestionó la colaboración de la Policía en los procesos de ilegalización del entorno político de ETA, deben llevar o bien a su cese o, si se demuestran que tienen "algún fundamento", al de la cúpula policial.
Así lo ha señalado el diputado popular Arturo García Tizón en el Congreso de los Diputados, donde ha interpelado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la "descoordinación y "el cúmulo de fallos" en la lucha contra la delincuencia.
A pesar de que el tema central era la inseguridad ciudadana, el diputado del PP ha querido sacar al debate la polémica abierta por las palabras de Pumpido -que hoy comparece en el Senado-, aunque ha habido otras cuestiones en las que se han enfrentado los populares y el ministro.
"O el fiscal general del Estado es un insensato completo que no debe permanece ni un minuto mas al frente de la Fiscalía, o su acusación tiene algún fundamento y en ese caso tiene que cesar inmediatamente a la cúpula policial correspondiente por falta de colaboración legal exigible con la magistratura en la lucha contra ETA", ha señalado García Tizón.
"Frente inédito con el Ministerio"
Para García Tizón, el fiscal general abrió con sus manifestaciones un "histórico e inédito frente con el Ministerio". Las palabras del fiscal son "causa de una extraordinaria alarma social" y además, según el diputado, "sabía lo que estaba diciendo, era consciente de la trascendencia de sus manifestaciones y quería hacerlo de forma publica y notoria".
El ministro ha recordado que el fiscal ya ha aclarado sus manifestaciones y ha subrayado que "se trata de un tema procedimental", al que no obstante Rubalcaba no le ha restado importancia, porque los procedimientos, ha añadido, la tienen.
Pero Pérez Rubalcaba ha insistido en que los informes de la Policía "llegaron al fiscal del Supremo y al Abogado del Estado", y que estos y los de la Guardia Civil "permitieron la demanda que condujo después a la ilegalización de dos listas en las últimas elecciones de D3M y Askatusuna". Por lo tanto, ha recalcado el ministro, el "Estado de Derecho funcionó", pues la Fiscalía tuvo a su disposición todos los informes de la Policia y tanto este Cuerpo como el de la Guardia Civil colaboraron en este proceso.
Incluso, en este caso, ha precisado el ministro, "singularmente más la Policía, sencillamente porque tiene informaciones más avanzadas en el mundo del llamado entorno abertzale y sobre todos los procesos de recomposición de las distintas marcas o partidos que ha utilizado la izquierda abertzale radical para intentar presentarse a las elecciones violando la ley de partidos".
