ECONOMÍA
El gobernador rechaza haber creado alarma, el ministro le pide «menos recetas y más sosiego» y el PP acusa al Gobierno de «coaccionar» a los expertos
Fernández Ordóñez y el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, ayer en Madrid. / EFE
La controversia sobre el futuro de las pensiones ha franqueado definitivamente los límites fijados por el Pacto de Toledo y, pese a los esfuerzos del Gobierno por evitarlo, se ha instalado en el centro del debate político. Además, en plenas filas socialistas. La semana pasada saltó la liebre y ayer los actores que iniciaron la discusión pública mantuvieron sus posiciones: el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió en la «imperiosa» necesidad de reformar el sistema. Del otro lado, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le volvió a pedir, desde la «altisima consideración profesional» que le tiene, «menos recetas» y «más sosiego» tras recordarle que no coincide con sus planteamientos.
Todo comenzó hace justo una semana, cuando Ordóñez advirtió de que el superávit de la Seguridad Social «puede desaparecer en un año» debido al rápido deterioro de sus cuentas. A un sistema de pensiones amenazado por el envejecimiento de la población, sólo le faltaba la caída de afiliación provocada por la crisis para quedarse en la cuerda floja. Así que el gobernador, durante una intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, constituida para velar por la viabilidad del sistema público de pensiones, reclamó reformas urgentes. Es decir: retrasar la edad de jubilación, recortar prestaciones...
Al día siguiente Corbacho desautorizó a Ordóñez -nombrado en el cargo por Zapatero-, negó que el superávit pueda agotarse en un año, recordó que el Fondo de Reserva asciende a 57.000 millones de euros -la cifra más alta de su historia- y exigió al gobernador que no jugase con la «tranquilidad de ocho millones de jubilados». Incluso sindicatos y patronal pidieron prudencia a Ordóñez para evitar que se generase desconfianza.
Las heridas no han cicatrizado porque ayer se reprodujo el rifirrafe. Eso sí, con expresiones menos subidas de tono. Ordóñez moduló su discurso y aseguró, tras participar en el Encuentro del Sector Financiero de ABC, que un déficit en la Seguridad Social no hace peligrar las pensiones y «no pasa nada» porque haya saldos negativos «transitorios» en el sistema. Además, rechazó ser el responsable de la «alarma» creada y señaló como el origen de la polémica a declaraciones que se hicieron «fuera», en relación a la respuesta de Corbacho. Pero se mantuvo en sus trece al insistir en la urgencia de reformar el sistema. Incluso contó con el apoyo del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien en un artículo publicado ayer reconocía la «imperiosa necesidad de reformas».
Cada uno, en su sitio
Para terminar de caldear el ambiente en las filas socialistas, su diputado y ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se pronunció en su blog de Internet. Pidió un debate público «amplio y sosegado» y achacó «la que se ha liado» no a las manifestaciones de Ordóñez, sino al «¿por qué no te callas?» con el que reaccionó el ministro.
Por su parte, Corbacho volvió a exigir al gobernador «menos recetas», alabó de nuevo la buena salud del sistema e hizo votos por que sea la comisión del Pacto de Toledo la que siga trabajando para que, a finales de 2010, haga públicas las conclusiones definitivas que orientarán el futuro de las pensiones. Y encontró un aliado en el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quien reclamó no crear alarmas «sin fundamento» y recomendó, en relación a Ordóñez, «que cada uno se ajuste a su papel».
Con este panorama, el PP -que por boca de Rajoy ya había mostrado su apoyo al gobernador- acusó al ministro de «irrumpir» de manera «inaceptable» en el trabajo de la comisión parlamentaria. Es más, el diputado Tomás Burgos dijo que Corbacho trata de «coaccionar» a los expertos que comparecen.
El delicado futuro de las pensiones no es algo desconocido en el resto de Europa y por eso, para evitar ahondar en la polémica, la Comisión Europea aplazó la publicación de un informe sobre envejecimiento y crisis hasta la semana próxima.
