En su oficina, Molly McKay tiene colgadas frases de Zapatero. «España es nuestra inspiración», afirma esta activista que lucha por el derecho a casarse entre personas del mismo sexo. «En España están mejor educados, entienden la diferencia entre la unión de un matrimonio civil y las creencias religiosas». Si a la portavoz de la organización Marriage Equality le impresiona tanto el papel español es porque su país, acostumbrado a liderar, va a la cola. El caso más conocido es el de California. Su Tribunal Supremo está estudiando los recursos presentados contra el resultado del referéndum de noviembre que prohibió las bodas que ese Estado había legalizado en mayo. La Corte también señaló su intención de decidir sobre la legalidad de los 18.000 matrimonios gays celebrados que ahora están en el limbo legal. La 'Proposición 8' ganó con un 52,5% de los votos. Pide modificar la Constitución para definir matrimonio como unión de hombre y mujer. A la espera de ver qué pasa con California, el gobernador de Nueva York ha propuesto al Senado estatal la legalización de estos matrimonios. Se uniría así a Iowa, Vermont, Massachusetts y Connecticut, los únicos Estados en permitirlos. Aunque ello no incluya beneficios federales, porque Clinton firmó en 1996 una ley que define matrimonio sólo entre personas de distinto sexo. Así, los gays tienen que presentar declaraciones de impuestos separadas y si sufren un accidente en Florida el consorte no podrá tomar decisiones médicas o visitarle en la UCI. En ese Estado pueden quitarles los hijos y en Texas hasta hace poco iban a la cárcel.