VIZCAYA
La familia de un joven muerto a golpes en Carranza se rebela contra la propuesta de que su homicida acceda al tercer grado sin cumplir siquiera la mitad de la condena
Amigos de Unai, en el parque de Carranza donde fue hallado su cadáver. / L. CALABOR
A la familia de Unai Pérez Campo no le quedan lágrimas, pero rebosa de indignación. Hace poco más de cuatro años, su hijo fue asesinado a golpes cuando se encontraba en un parque de Carranza en compañía de Xabier San Sebastián, un amigo de la infancia, el mismo que, quince meses más tarde, sería hallado culpable del brutal crimen en un juicio con jurado popular. El tribunal consideró probado que el acusado atacó a su víctima por la espalda con un mazo de cantero y que, una vez inconsciente en el suelo, lo remató. Xabier ni siquiera negó los hechos, aunque tampoco aportó un móvil que explicara tan terrible acción.
La sentencia le condenó a once años de reclusión. Cuando todavía no se han cumplido cuatro, la dirección de la prisión alavesa de Nanclares de la Oca ha elevado una petición a la jueza de Vigilancia Penitenciaria en la que solicita, con el respaldo unánime de la junta de tratamiento del centro, que se levante a Xabier el periodo de seguridad, a fin de que pueda acceder al tercer grado. Es decir, hacer vida normal fuera de los muros de la cárcel, con la única obligación de regresar allí para pernoctar.
La propuesta, que se fundamenta en los informes psicológicos emitidos por los profesionales del penal y donde se considera que el condenado presenta un buen pronóstico de reinserción social, ha caído como un jarro de agua fría en el seno de la familia de Unai. Su madre y su hermana se sienten «frustradas, desamparadas», por una propuesta que dejaría en «semilibertad» al asesino de su hijo sin siquiera haber cumplido la mitad de la pena.
«¿De qué sirve vencer el impulso de tomarse la justicia por tu mano? ¿A quién le importa el sufrimiento de la madre y la hermana del fallecido? ¿De qué sirve que hayan condenado al asesino a once años de prisión?». Estas y otras preguntas no han dejado de sonar en un hogar destrozado desde que, el pasado 9 de febrero de 2005, su hijo, de 27 años, saliera en compañía de un amigo a dar una vuelta. Acabaron en la Virgen del Suceso, en Carranza, sin que Unai imaginara lo premonitorio del topónimo. Una explanada donde tenían previsto comer unos bocadillos y que, en pleno febrero y a una hora avanzada, se encontraba vacía. Su agresor relataría más tarde que, tras perpetrar el crimen, montó en su moto, recogió los bocadillos que él y su víctima habían encargado y se dirigió a Trapagaran, a casa de su hermano, a quien confesó lo ocurrido.
«Educado y participativo»
En mayo de 2006, y después de haber cumplido un año en prisión preventiva, Xabier ingresaba en Nanclares para pagar su deuda. El jurado descartó que concurrieran eximentes como que Xabier actuase en legítima defensa ni que estuviese enajenado, aunque sí se tuvieron en cuenta dos atenuantes: la confesión de los hechos y la reparación parcial de indemnización por daño causado. Pagó 10.000 de los 120.000 euros que fijaba la sentencia.
Pero la familia considera que la deuda no está pagada. En absoluto. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes próximas a su entorno, «el dolor por la pérdida de Unai no nos lo pagan con cuatro años de encierro de su asesino en la cárcel». Consideran que, de prosperar la petición cursada por la dirección de Nanclares, «sólo servirá para fomentar el deseo de las víctimas de actuar por su cuenta ante la absoluta desconfianza que les merecería el aparato judicial». Su indignación es mayor cuando han tenido noticia de que ni siquiera la Fiscalía se ha opuesto a que se levantara el 'periodo de seguridad', una figura legal introducida en 2003 en el marco de las reformas que perseguían endurecer el Código Penal, para asegurar así un tiempo mínimo de cumplimiento en régimen cerrado.
El equipo técnico de Nanclares no ahorra alabanzas al interno. «Educado, participativo, responsable», son sólo algunos de los epítetos que le dedican. El informe añade que, desde su ingreso, «ha participado en todo tipo de actividades y colabora con los trabajadores en aquello que se precise», además de estar «incluido en un programa de tratamiento de toxicomanías». También se hace mención de dos permisos de salida extraordinarios, uno para visitar a su abuela enferma y otro para asistir al entierro de ésta, además de cuatro «salidas terapéuticas».
Desde la acusación particular, sin embargo, insisten en lo procedente de que el condenado cumpla «al menos» la mitad de la pena antes de proceder al levantamiento del periodo de seguridad, «si realmente queremos conciliar la función resocializadora de la pena con las funciones de prevención y los derechos de las víctimas». Para ello se apoyan en la gravedad de los hechos -«el asesinato es la infracción que mayor reproche penal y social merece»- y la falta de actitud revanchista por parte de la familia de Unai -«ni siquiera recurrieron la sentencia en un intento de incrementar la pena»-. Pero, sobre todo, apelan a «una cuestión de sentido común y lógica». La propuesta dirigida a Vigilancia Penitenciaria «atenta -dicen- contra todos los principios. No se le puede conceder el tercer grado cuando tan sólo ha cumplido tres años y medio de los once impuestos».
