VIZCAYA
Les invita, además, a llevar sus casosante el Tribunal de Estrasburgo
Los europarlamentarios escuchan a la delegación cántabra. / IÑIGO FERNÁNDEZ
El centenar de afectados por sentencias de derribo que expusieron ayer su delicada situación ante el Parlamento europeo salieron de la cita más que satisfechos. Por un lado, consiguieron que la Comisión de Peticiones de la Cámara se comprometa a enviar sendos escritos a los gobiernos central y cántabro para pedir «soluciones» para las familias cuyas viviendas están condenadas a la piqueta. De hecho, el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, asegura que esta iniciativa partió del propio presidente de la Comisión, Marcin Libicki, y fue defendida también por el europarlamentario popular Carlos Iturgaiz.
Por otro, el organismo comunitario les invitó a llevar sus casos al Tribunal de Estrasburgo. Y es que, según explicó Vilela, un informe jurídico emitido por la propia Comisión «ve indicios de que no se ha respetado el derecho de la propiedad» de los afectados. En concreto, el escrito incide en que «los propietarios no hemos podido ser parte en los procesos judiciales que han derivado en fallos condenatorios, lo que nos ha dejado en una total indefensión», remarcó el presidente de AMA. Respecto a la opción de recurrir a Estrasburgo, los afectados han decidido poner la propuesta en manos de sus abogados. «Tenemos que estudiar el coste económico que supondría tomar una medida de esas características y el tiempo que absorbería», indicó Vilela.
La comparecencia del presidente de AMA, que finalmente compartió los escasos diez minutos que tenía para hablar con el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, estaba prevista para las diez de la mañana, pero finalmente se retrasó una hora y media. La Comisión tenía otros 66 asuntos sobre la mesa.
Legalizables
Vilela reclamó, entre otras cosas, una «mayor seguridad jurídica» en la compra de viviendas, regularizar la situación de los inmuebles abocados a la piqueta «cuando el ordenamiento jurídico lo permita» y la creación de un registro público de demandas. Mientras, Barruetabeña defendió que «algunas urbanizaciones son legalizables» y abogó por salvaguardar el bienestar de los afectados.
«Tremendamente satisfechos y felices», observaron cómo una «explosión de aplausos» cerraba ambas ponencias. Al salir, los 40 miembros de AMA que pudieron acceder a la Cámara se reunieron con el resto de afectados para concentrarse ante la puerta del Parlamento. Portaban una gran pancarta que reclamaba «Justicia, protección y seguridad jurídica». Ahora sólo les queda esperar que su iniciativa «sirva para desbloquear» en su favor la tortuosa realidad en la que permanecen estancados desde hace tantos años.
