
Cándido Conde-Pumpido, acompañado del ministro de Justicia. / Efe
Presentación de la querella
La querella fue presentada a finales de marzo por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis miembros de la Administración de George W. Bush -abogados y juristas- que, a su entender "participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico" que permitió el modelo de prisión de Guantánamo. Les acusan de la comisión de delitos de tortura y de privación del derecho a un juicio imparcial.
Según los querellantes, estas seis personas son responsables de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo".
Se trata en concreto del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el ex fiscal general Alberto R. Gonzales.
La querella aclara que el citado andamiaje jurídico permite que los prisioneros sean dejados en Guantánamo ya que "ese lugar no es territorio norteamericano y por ello queda fuera de la Jurisdicción de los Tribunales Federales de los Estados Unidos". Los primeros traslados de presos tuvieron lugar a partir del 2002
Conde-Pumpido califica esta querella de "fraudulenta" y "artificio" y quiere evitar que la Audiencia Nacional se convierta en "un juguete"
Considera que si existe alguna razón para formular una denuncia criminal se debe presentar primero en los tribunales territoriales competentes de EEUU
La Fiscalía se opondrá a la admisión a trámite de la querella presentada en la Audiencia Nacional el pasado 17 de marzo por varios letrados contra seis abogados norteamericanos considerados los "responsables jurídicos" de la creación del centro de detención de Guantánamo. Así lo ha anunciado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha asegurado que la Fiscalía quiere evitar que la Audiencia Nacional se convierta en "un juguete".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió a finales del pasado mes a la Fiscalía que informara sobre si debe investigar los hechos denunciados en la querella interpuesta por varios letrados en nombre de la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España. La querella consideraba a los seis abogados norteamericanos autores por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.
Según Conde-Pumpido, se trata de una querella fraudulenta porque va contra "toda una política", concretada en tres decisiones ejecutivas del anterior presidente de los Estados Unidos por lo que, ha indicado, existirían presuntos autores materiales. Por ello, ha considerado que los querellantes intentan un "artificio" porque pretenden dar una "vuelta" y formular una denuncia contra los asesores porque no se atreven a presentarla contra las personas que pudieran aparecer en principio como responsables directos de esos hechos.
El fiscal general ha recordado que el criterio de la Fiscalía es defender "a muerte, hasta el final" el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de la Audiencia Nacional, pero evitar que se convierta en "un juguete en manos de personas que buscan un determinado protagonismo" o intentan poner en marcha la Justicia española cuando se trata de personas residentes en Estados Unidos.
En su opinión, si existe alguna razón para formular una denuncia criminal contra estas personas se debe presentar primero en los tribunales territoriales competentes de Estados Unidos.