E l nuevo Parlamento vasco emanado de las elecciones del 1 de marzo arrancó ayer con una condena unánime de la Junta de Portavoces a las amenazas vertidas por ETA en su último comunicado contra el Gobierno que está llamado a liderar Patxi López. El hecho mismo de que la novena legislatura de la democracia vasca se haya iniciado con la obligatoriedad de responder de nuevo al matonismo terrorista subraya la insoportable terquedad sobre la que los etarras están dispuestos a perpetuarse, en este caso dirigiendo una inédita advertencia contra el primer Ejecutivo no nacionalista de Euskadi. Y, junto a ello, hay que destacar que el rechazo unitario suponga un acontecimiento novedoso, después de que la exclusión por los tribunales de la izquierda abertzale que no se desmarca del terror ha impedido que vuelvan a escucharse en la Cámara que representa la voluntad democrática de la sociedad vasca sus intolerables excusas para negarse a condenar los atentados y las coacciones de la banda. La ausencia de esas voces cómplices o condescendientes con la barbarie etarra no hace sino poner de relieve la anormalidad que supusieron en el pasado; la afrenta añadida que implicaban para las víctimas; y la deslegitimación que entrañaban para las propias instituciones, aunque tan inaceptables justificaciones se ampararan en la utilización torticera de la representatividad que permiten esas mismas instituciones.

La debilidad constatada de ETA y el aturdimiento que exhibe la izquierda abertzale que mantiene el cordón umbilical con los violentos no pueden desembocar en ninguna trivialización de lo que significa la nueva amenaza contra los socialistas. Máxime cuando el amedrentamiento que los etarras y su entorno llevan años ejerciendo contra cargos públicos en el País Vasco se extiende a un Gobierno que, sea cual sea su color político, representa al conjunto de la ciudadanía vasca. Por eso resultaba imprescindible el posicionamiento acordado ayer por el Parlamento, cuya calificación de las actuaciones de los terroristas como «comportamientos totalitarios» debería verse acompañada de una ejecutoria política acorde a la misma. Lo que significa que el tránsito del Ejecutivo liderado por Juan José Ibarretxe al comandado por López no puede interpretarse por parte del nacionalismo como una suerte de periodo de interinidad en el que se suavice o eluda la contundencia en la respuesta contra la violencia; o, en el peor de los casos, en el que se persista en la irresponsable deslegitimación del cambio de signo político.