L a necesidad de contribuir a revitalizar el muy decaído sector de la automoción en España se presenta en los dos últimos trimestres como un imperativo para las diferentes administraciones públicas. El tremendo frenazo en la venta de vehículos, tanto para uso particular como para la actividad industrial, no sólo representa una importante merma de ingresos para las comunidades autónomas por vía del Impuesto de Matriculación -en los dos primeros meses de este año recaudaron por este concepto casi un 47% menos que en el mismo periodo de 2008-, sino que repercute de manera dramática en el empleo que generan fabricantes, distribuidores y todo el importante entramado de empresas auxiliares. Este segmento económico y productivo muestra las consecuencias del retraimiento general de la demanda y de las restricciones crediticias, y es una de las principales víctimas de la comprensible desconfianza que lleva a los ciudadanos a diferir todo lo posible aquellos gastos personales que puedan aplazar. Y la adquisición de un coche lo es en la mayoría de los supuestos.

Con un mercado cuya capacidad de consumo ha caído hasta los niveles de hace diez años y un crecimiento del paro al que ningún agente se atreve ya a poner límite, las instituciones se sienten llamadas a desarrollar actuaciones sectoriales como la que implantó el 23 de marzo el Gobierno de Navarra. No puede sorprender que una comunidad como la foral aproveche su especificidad fiscal y decida una contribución directa para el cambio de vehículos de más de diez años, o que la subvención se gradúe en función del respeto por el medio ambiente que ofrece el nuevo turismo. Iniciativas similares -incluso de mayor cuantía, por ejemplo en el caso de Alemania-, se inscriben en lo que productores, importadores y distribuidores elogian como «sensibilidad para ayudar al sector». Y no cabe duda de que la propuesta navarra y las de algunos países de la Unión Europea, por un lado, están reactivando las ventas y, por otro y más importante aún, ayudando a frenar los temidos expedientes de regulación en importantes plantas españolas. Resultados esperanzadores que sólo el tiempo confirmará si pueden considerarse un éxito. Tampoco debe dejar de subrayarse que medidas de este tipo, adoptadas con dinero público, benefician a empresas privadas y son susceptibles de crear situaciones objetivas de agravio comparativo en otras industrias o sectores de la economía, o al menos en la percepción de sus empresarios y trabajadores, a los que afectan igualmente la recesión, el descenso de ventas y la destrucción de empleo. Sin olvidar que estímulos sectoriales ligados a un territorio limitado y que benefician potencialmente sólo a determinados consumidores ejercerían un impacto insuficiente en la solución a un problema de naturaleza global que exige una reactivación de la economía en su conjunto.