La puesta en libertad de Astrit Bushi, el jefe de la banda de albanokosovares que asaltaron la mansión del artista y empresario José Luis Moreno en diciembre de 2007, y al que propinaron una brutal paliza, desató ayer un cruce de acusaciones entre los jueces, la Policía y la Guardia Civil. Los tres estamentos se culparon mutuamente de que el delincuente, que estaba recluido en la prisión madrileña de Valdemoro, abandonara por su propio pie el juzgado de Alcobendas el pasado 31 de marzo, tras haber sido conducido allí desde la penitenciaría para prestar declaración por un delito distinto del asalto a la casa de Moreno.
El Tribunal Superior de Madrid responsabilizó a los policías que custodiaban a Bushi de su errónea liberación. Considera que los hechos son «muy graves» y los ha remitido al juzgado de guardia por si se ha cometido un delito de infidelidad en la custodia de presos.
Según el presidente del Tribunal Superior, Francisco Javier Vieira, es cierto que el juez instructor de Alcobendas declaró la libertad provisional de Bushi, pero precisó que le había interrogado por otro robo en un chalé de La Moraleja, no por el de Moreno. Además, como el albanokosovar había llegado al juzgado desde la cárcel de Valdemoro, debería haber sido devuelto a la prisión para comprobar si tenía pendientes otras causas.
Los sindicatos policiales reaccionaron con indignación a las palabras de Vieira. En especial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que defiende a los agentes implicados en el caso. Estos admiten que dejaron marchar a Bushi del juzgado, pero alegan que desconocían su peligrosidad e incluso que procediera de un centro penitenciario. De acuerdo con su versión, los guardias civiles que le condujeron hasta las dependencias judiciales no se lo comunicaron. Y el juez se limitó a ordenar la libertad del imputado, con la obligación de comparecer cada quince días, y de informar de cualquier cambio de domicilio.
La advertencia
Sin embargo, el Tribunal Superior insistió en que la puesta en libertad de un recluso sólo puede efectuarse desde la cárcel. De hecho, el juez de Alcobendas remitió el mandamiento de libertad de Bushi a la prisión de Valdemoro, recordando que sólo debía ser liberado «si no estuviera detenido por otra causa distinta». Pero cuando el documento llegó a la penitenciaría, el albanokosovar ya llevaba un día en libertad. Y no ha vuelto.
El SUP aseguró que el auto que se facilitó a los policías encargados de custodiar al delincuente no contenía ninguna advertencia. La central asegura que los agentes temieron incurrir en un delito de detención ilegal si no soltaban a Bushi. Mientras tanto, otro sindicato, la Confederación Española de Policía (CEP), también endosó la responsabilidad a la Guardia Civil, acusando a los agentes de este cuerpo de no haber informado a sus colegas de la Policía ni de la procedencia de ladrón, ni de su peligrosidad y número de causas pendientes.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no tardó en responder. Recordó que los miembros del instituto armado trasladan diariamente a los juzgados madrileños unos cien reclusos, «y siempre con el mismo protocolo», que es conocido por todas las partes. Según la AUGC, cuando la Guardia Civil entrega un preso a unos policías, éstos firman un recibo en el que reconocen que se hacen cargo de esa persona. Al finalizar las diligencias ante el juez, los agentes llaman a los guardias civiles y les devuelven al recluso para que lo lleven a la cárcel.
Mientras unos y otros se echaban la culpa de que Bushi esté en libertad, el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Madrid, José Luis Conde, reconoció que probablemente el delincuente «tirará de la organización paramilitar a la que pertenece» para obtener ayuda y huir.
Se da la circunstancia de que otro miembro de la misma banda que asaltó la mansión de José Luis Moreno, Alejandro Fred Deda, también fue excarcelado por error el pasado 18 de marzo, aunque le localizaron a los pocos días y lo enviaron de nuevo a prisión.