GENERAL
Solicita nueve meses de prisión
para él y siete para ella al pelearse
por una infidelidad del magistrado
04.04.09 -
Regadera, al llegar a los juzgados. / EFE
El fiscal solicitó ayer penas que totalizan 16 meses de prisión para el juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, y para su esposa, María Rosa I.M., notaria de profesión, por haberse pegado en el domicilio conyugal el pasado jueves por la noche, durante una discusión provocada por una presunta infidelidad del magistrado. Los cónyuges, que sólo llevan cuatro meses casados, comparecieron ante una jueza de violencia de género de la Ciudad Condal, ambos con marcas causadas en la pelea, y se acusaron mutuamente de haberse maltratado.
A la salida de los juzgados, Regadera aseguró que se había enzarzado con su esposa en «una mera discusión conyugal que nunca debió de haber llegado a la Administración de Justicia». La pareja admitió que se encontraba en proceso de separación, a instancias del marido, y reconoció que la bronca comenzó porque él había engañado a la esposa.
El decano recalcó que él nunca ha maltratado «a nadie» y subrayó que no han dictado una orden de protección contra él. «Confío en la Administración de Justicia, como no puede ser de otra manera», concluyó. La esposa rehusó hacer manifestaciones y se marchó a toda prisa de las dependencias judiciales.
Ella había sido la primera en acudir a los Mossos d'Esquadra, a quienes relató que su marido la había pegado y anunció que iba a solicitar una orden de alejamiento. El decano no tardó en ser citado a declarar en el juzgado de violencia de género, donde compareció sobre las tres de la tarde de ayer, en calidad de imputado. Su cónyuge, que presentó un informe de lesiones físicas y psicológicas, testificó inmediatamente antes que él.
En un primer momento, con cara de circunstancias, y a paso rápido para evitar a los periodistas, José Manuel Regadera se limitó a manifestar: «Es un asunto familiar, un asunto privado. No tengo nada que decir». En su cara se podía apreciar un arañazo reciente. Más tarde trascendió que, en su declaración, había acusado a su esposa de haberle agredido a él y no al revés.
La jueza del caso se encontró sobre la mesa, por tanto, con dos denuncias cruzadas por sendos juristas. Así que, sobre las cinco de la tarde, volvió a convocar al matrimonio para testificar en una segunda ronda, en esta ocasión con los papeles cambiados: ella como imputada y él como víctima. Escuchados ambos, y tras comprobar que presentaban lesiones leves de similar entidad, el fiscal pidió nueve meses de cárcel para el decano y siete meses para su esposa por un delito calificado por la juez como maltrato en el ámbito familiar. Además, reclamó para el magistrado la prohibición de tener armas. El juicio ha sido señalado para septiembre.
Nacido en Logroño en 1965 y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Regadera fue titular durante doce años del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona. En marzo de 2008 se impuso en las elecciones a decano al superar por un voto a su predecesora, María Sanahuja, de Jueces por la Democracia.
Filtraciones policiales
Durante los últimos meses, el juez había protagonizado una agria polémica con los Mossos d'Esquadra, a los que responsabilizó de filtrar noticias que desprestigian a los magistrados para desviar la atención sobre los sumarios incoados contra agentes autonómicos por abusos policiales. Esos expedientes también habían sido filtrados pese a estar bajo secreto y tensaron las relaciones entre policías y jueces.
El decano envió una carta al ya cesado director de los mossos, Rafael Olmos, días después de que, por un lado, se publicara en la prensa que una juez de Barcelona quiso saltarse un control de alcoholemia de la Policía catalana y, por otro lado, se conociera la condena por torturas impuesta a tres agentes. Ahora es el propio Regadera el perjudicado por la filtración a los medios de comunicación.
Se da la circunstancia que los mossos enviaron ayer para declarar sobre la pelea de Regadera y su esposa al responsable de las relaciones con los tribunales, un puesto que se creó para suavizar las relaciones con la judicatura.
