La retirada del apoyo que el PNV venía prestando al Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo que éste dirigiese una mirada insegura hacia Cataluña a la búsqueda de un socio alternativo. Al PSOE le resultará imposible recuperar el favor del nacionalismo vasco en las Cortes mientras el PSE-EE mantenga al PNV fuera del gobierno de las instituciones autonómicas vascas. Pero la eventual alianza con CiU se presenta más que incierta. En Euskadi sólo tendría que cambiar a su socio preferente, el PP, por el PNV. Hoy esto resulta impensable; aunque las piezas a mover serían menos que las que precisaría cambiar de sitio en el caso catalán. Sin embargo, Rodríguez Zapatero tiene una apreciable ventaja con los convergentes. Su oposición siempre será constructiva y dispuesta al acuerdo puntual; mientras que, fuera del Ejecutivo vasco, el PNV radicalizará su contestación al Gobierno de Madrid.
La agenda electoral, con la convocatoria de las europeas el próximo junio, las catalanas en 2010, las municipales en 2011 y las generales al año siguiente, hace imposible que el Gabinete socialista se dote de una alianza estable que le asegure la mayoría absoluta. Es más lógico pensar que transitará por la legislatura economizando iniciativas para evitar reveses parlamentarios, sorteando los compromisos ineludibles a base de fugaces coincidencias.
La gran paradoja a la que se enfrenta Rodríguez Zapatero es que la estabilidad de su gobierno y, en cierto modo, la continuidad del poder socialista, depende de la sintonía que mantenga con los nacionalismos vasco y catalán. La pretensión de auparse sobre un PSE-EE y un PSC que renuncien a sus aspiraciones de gobierno para así contar con el voto de Durán y Erkoreka resulta sencillamente inútil. La llegada del PSC a la presidencia de la Generalitat se situó en la antesala de la de Rodríguez Zapatero a La Moncloa. Pero la permanencia de Montilla en el Ejecutivo catalán y el acceso de Patxi López a Ajuria Enea constituyen sendos obstáculos para la estabilidad del Gabinete del PSOE en Madrid. Llegado el caso los socialistas vascos quizá podrían mostrarse dispuestos a sacrificar su posición en aras a la continuidad del proyecto de Zapatero para España. Pero más dudoso resulta que, por la misma razón, el PSC de Montilla acabase cediendo la presidencia de la Generalitat a CiU.
Una encuesta reciente señala que, especialmente frente a los avatares de la crisis económica, el 70% de los catalanes aboga por la entrada de Artur Mas en el gobierno que preside José Montilla. Un deseo que contrasta con el pulso que mantienen convergentes y socialistas, que les condena a perpetuar la disputa hasta que llegue el día en que unos y otros no tengan más remedio que rendirse a la 'sociovergencia'. Los actuales dirigentes del socialismo catalán interpretan dicha liza entre izquierda y derecha como la continuidad de un pulso que ni siquiera el fin de la historia podría soslayar. A no ser que la amenaza del entendimiento entre CiU y ERC les obligase a evitar el desalojo completo de la Generalitat pactando con Mas.
Por su parte, los herederos de Pujol han visto cómo dos victorias consecutivas en las autonómicas -en 2003 y en 2006- fueron despreciadas por los socialistas que se han hecho cargo del Gobierno de Cataluña gracias a la apuesta que ERC hizo por un Ejecutivo de izquierdas frente a un posible acercamiento a los convergentes. El horizonte de las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2010 si las periódicas crisis en el tripartito no aconsejan a Montilla su adelanto, impiden a CiU pactar abiertamente con Rodríguez Zapatero y a éste desairar al PSC.
Pero aunque el laberinto partidario catalán se lo permitiera, Zapatero tampoco podría mover ficha con anterioridad a los comicios europeos de junio. El pulso en estos momentos se presenta tan igualado en relación al PP que el presidente no puede más que mantener el timón de las alianzas en posición estática. Además, gane o pierda la lista encabezada por López Aguilar frente a Mayor Oreja, el PSOE tampoco contará con un margen amplio de maniobra. De hecho, el contenido de la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional tras los citados comicios marcará la pauta. Si sale interpretativa, Zapatero podrá atreverse a manipular el alambique catalán con las cautelas señaladas anteriormente. Pero si el TC se inclina por dictar la inconstitucionalidad de los aspectos más críticos del texto estatutario -bilateralidad, Hacienda, reparto competencial y deber de conocer el catalán- podría encontrarse con un clima especialmente levantisco; sobre todo si, mientras tanto, el Gobierno no ha dado una solución satisfactoria a las demandas de financiación de Cataluña y opta, en palabras de Pedro Solbes, por una solución que incomode razonablemente a todas las autonomías.
Aunque salvase el obstáculo estatutario y financiero, Zapatero se enfrentaría a la contradicción final. La aproximación del PSC hacia CiU depende, en última instancia, de la probable simplificación del panorama político en Cataluña; porque del ascenso de ERC y del apreciable respaldo obtenido por ICV no sería extraño que se pasase a un fenómeno parecido a lo acontecido con los socios de Ibarretxe. En ese caso también podría quedar en entredicho la victoria socialista en las generales de 2012. Además, la coalición entre el PSE-EE y el PP puede devolver a la normalidad el entendimiento que en su día mantuvieron el partido de Pujol y el de Aznar. No hay que olvidar que la coincidencia entre Mas y Rajoy posibilitaría a CiU el gobierno de las principales instituciones de Cataluña, incluido el Ayuntamiento de Barcelona.