tras el desalojo forzado
El alcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino, ha mostrado su más "enérgica" condena por la agresión sufrida ayer por una trabajadora social cuando acompañaba a estas personas, realojadas en Trapagaran
La responsable de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE), Mari Carmen Jiménez, ha anunciado hoy que la familia gitana de Sestao, que tuvo que ser escoltada por la Ertzaintza para poder ser realojada en una vivienda de La Arboleda, emprenderá acciones legales, bien "contra el Ayuntamiento de Trapagaran" o bien a través de "otro tipo de denuncia". Jiménez ha asegurado que se "está trabajando en ello" y que la familia ya tiene abogado para emprender este tipo de acciones "como cualquier vecino de Vizcaya".
La responsable de esta asociación de mujeres ha asegurado que las acciones legales se emprenderán para defender "el derecho de una familia a vivir en el municipio donde se le ha alquilado una vivienda y donde tiene derecho a ser empadronada, independientemente de su historial". La Ertzaintza tuvo que intervenir ayer mismo en el municipio de Trapagaran para desalojar a varios vecinos que protestaban sentados en el portal de la vivienda del barrio de La Arboleda contra el realojo en su inmueble de esta familia que consideran "conflictiva", procedente de Sestao.
Tras los hechos acaecidos ayer, el Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco ha hecho público hoy un comunicado, sin opción a preguntas, en el que ha denunciado la "gravedad de los hechos ocurridos en el barrio de La Arboleda" y ha condenado "rotundamente y sin paliativos la actuación de quienes, por acción u omisión, vienen obstaculizando el acceso de la familia afectada a la vivienda de la que es arrendataria, su inscripción en el padrón municipal y en definitiva su avecindamiento con todos los derechos y deberes que se derivan de dicho reconocimiento". El Consejo, que engloba a diez asociaciones gitanas de toda Euskadi, ha condenado igualmente la actuación de quienes, "desde distintos ámbitos vienen avivando el conflicto, en lugar de optar por resolver la situación fomentando la convivencia social normalizada".
Asimismo, han afirmado "valorar muy positivamente por su oportunidad, claridad y contundencia, la intervención" del Ararteko, que mediante su resolución de 30 de marzo de 2009 fija la cuestión en los términos que "indiscutiblemente procede: como una cuestión de derecho ante la cual no cabe más que exigir el estricto cumplimiento de la legalidad vigente". Se trata, por tanto, según el texto, de "pura y simplemente cumplir y hacer cumplir la ley, de hacer prevalecer el imperio de la ley que a todas las personas, gitanas o no, obliga y ampara".
Amparo de las situaciones discriminatorias
En este sentido, el comunicado exige a las autoridades municipales del Ayuntamiento del Valle de Trápaga que "hagan frente a las responsabilidades que se derivan de sus cargos" y "sin mayor dilación pongan los medios oportunos para cumplir y hacer cumplir las recomendaciones que el Ararteko establece". Según han dicho, los responsables municipales, "lejos de justificar y amparar actuaciones claramente discriminatorias, cuando no constitutivas de delito, deben "asumir el liderazgo que le corresponde como garantes de la legalidad en su término municipal, mediante un posicionamiento institucional claro y firme".
Del mismo modo el colectivo gitano ha instado a los representantes de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento, "tanto en labores de gobierno como de oposición, a que condenen sin la menor ambigüedad posible las actitudes discriminatorias exhibidas por algunos de sus convecinos, y a que respalden el compromiso institucional con el cumplimiento de la legalidad en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos". En ese sentido, han emplazado a las ejecutivas de dichos partidos políticos a que "disipen la menor sospecha de permisividad con actitudes discriminatorias o alentadoras del incumplimiento de la legalidad por parte de sus representantes municipales".
El Consejo ha pedido a "quienes ostentan la dirección de los cuerpos y fuerzas de seguridad, autonómicas y locales, que en cumplimiento de sus atribuciones garanticen la integridad física de los miembros de la familia afectada, así como de sus bienes y pertenencias". Por último, ha reafirmado públicamente su "compromiso por la convivencia desde el respeto a la diversidad", y su "ofrecimiento de colaboración con las administraciones públicas, y en particular con el Ayuntamiento", para contribuir conjuntamente a "facilitar una convivencia armónica en el municipio".
Contestación del alcalde
Por su parte, el alcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino, ha mostrado hoy su más "enérgica" condena por la agresión sufrida ayer por una trabajadora social de la sociedad Sestao Berri en el barrio de La Arboleda cuando realizaba su labor acompañando a una familia del municipio fabril que ha sido realojada en Trapagaran. Marcos Merino considera "intolerable que se responda con violencia a un realojo que se ha realizado siguiendo todos los cauces legales y con pleno conocimiento del Ayuntamiento de acogida".
Por ello, ha afirmado que "no se pueden justificar de ninguna manera las coacciones, los insultos y las amenazas recibidas por la familia por parte de quienes van a ser sus vecinos" y ha añadido que "es aún menos justificable que otras personas e incluso responsables institucionales amparen y lleguen a liderar estas revueltas". El alcalde de Sestao indica que se trata de una familia "con cinco niños pequeños que tienen derecho a realojo, que están pagando el alquiler de su nueva vivienda, que viven en Trapagaran desde hace un año y medio, y que no han tenido ningún problema en todo ese tiempo".
El alcalde de Sestao ha pedido a todas las partes "un poco de mesura y responsabilidad en sus declaraciones y en sus reacciones" porque, según ha advertido, "es necesario dar una opción a la convivencia pacífica, que no se garantiza amenazando, agrediendo o tapiando la entrada a un domicilio particular".
