VIZCAYA
Aunque discrepa de la resolución de la Audiencia, cree que no hay suficientesgarantías para ganar en el Supremo
Imagen de la inauguración de la pasarela de Isozaki. / IGNACIO PÉREZ
La batalla legal del puente de Calatrava ha terminado. El Ayuntamiento ha renunciado a disputar el último asalto, el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que dio la razón al arquitecto. Los jueces consideran probado que la prolongación de la pasarela Zubi-zuri con un enlace peatonal firmado por Arata Isozaki vulnera la integridad de la obra artística, y esto es algo que no puede quedar «solapado» por la funcionalidad de esta infraestructura.
El alcalde, que anunció su decisión el martes en una charla organizada por la asociación Res Pública, mostró desde el primer momento su discrepancia con el contenido de la sentencia, «que está absolutamente a favor del arquitecto». Sin embargo, recibió con alivio el castigo simbólico que le impusieron los magistrados. La pasarela de Isozaki seguirá en su sitio y la indemnización se reduce a 30.000 euros frente a los tres millones que se demandaban. El Consistorio sólo tendrá que abonar 10.000, ya que también han sido condenadas dos empresas constructoras.
Al final esto es lo que más ha pesado en el ánimo de las autoridades municipales, que han calibrado las consecuencias que podría acarrear un pleito ante el Tribunal Supremo. En un primer momento anunciaron, casi con total certeza, que presentarían el recurso de casación porque entienden que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad intelectual de Santiago Calatrava. Además, creen que la sentencia no valora suficientemente el interés público y deja al Ayuntamiento «en el limbo» jurídico. «Si le hubiéramos encargado a él la prolongación de la pasarela, hubiéramos tenido el mismo problema con Isozaki», resumió Iñaki Azkuna.
Un fallo «pionero»
Al sopesar los pros y los contras del recurso para darle forma, la asesoría jurídica ha tenido muy en cuenta la actuación de la parte contraria. La abogada de Calatrava no ha recurrido la resolución judicial a pesar de que echa por tierra las pretensiones materiales de su demanda. Tanto el derribo como los tres millones de indemnización se consideran «desproporcionados», pero el equipo del arquitecto da más importancia a la victoria moral que ha conseguido. «Es una sentencia pionera en España y en Europa», destacó Antonia Magdaleno.
En los pleitos sobre propiedad intelectual, un argumento de peso para el Tribunal Supremo es que la sentencia recurrida sea contraria a la jurisprudencia, algo que en este caso no puede invocarse porque se trata de un caso sin precedentes. Tras analizar todas estas circunstancias, el Ayuntamiento cree que no hay suficientes garantías para ganar en casación. Por ello, ha decidido no embarcarse en un pleito del que podría salir malparado en el aspecto material, más aún en plena crisis económica. La Audiencia ha dicho, por lo tanto, la última palabra sobre el caso.
