Si alguna vez alguien creyó en un proceso de paz entre Israel y los palestinos posterior a Anápolis puede empezar a temblar. En el mismo acto de su toma de posesión en el Ministerio de Exteriores, sin dar un respiro a la legión de detractores que ha clamado que su designación es una amenaza estratégica para Oriente Próximo, Avigdor Lieberman usó su primer discurso para anunciar que el tiempo de hablar de concesiones se ha terminado. Y que el Estado judío, que desde ayer gobierna Benyamin Netanyahu gracias a su fundamental apoyo, no tiene ningún compromiso que cumplir con aquella vía de paz abierta en noviembre de 2007 por George W. Bush.
«Hay un solo documento que nos obliga (la Hoja de Ruta de 2003) y no es la conferencia de Anápolis, que no tiene validez. El Gobierno israelí nunca la ratificó, y tampoco el Parlamento. Nunca aceptaremos saltar todas las cláusulas e ir a la última, que es la negociación sobre un estatus final», fueron las palabras con las que el ultranacionalista líder del Yisrael Beitenu sentenciaba la práctica defunción del proceso.
Una declaración dentro de lo esperado, que sólo confirmaba los temores acerca de las intenciones de Lieberman de poner freno a las conversaciones en curso, pero que, a pesar de ello, eclipsó la entrada de Netanyahu en la escena del poder y obligó a reaccionar a Estados Unidos. Desde Londres, un alto funcionario que acompaña a Barack Obama en la cumbre del G-20 fue rotundo: «Nuestra postura sigue siendo que una solución de dos estados -dijo- es favorable para nuestros intereses y los de la región».
El primer atisbo de colisión entre Israel y la Administración norteamericana está, pues, sobre la mesa, máxime cuando un funcionario del Ejecutivo judío respaldaba ayer desde el anonimato lo dicho por Lieberman. «No hay ningún problema, él se está distanciando de la etiqueta de Anápolis igual que el Gobierno (de Netanyahu) tratará de hacer», señalaba la fuente a Reuters.
Por el contrario, Washington tiene ya prácticamente ultimado un documento encargado a un equipo de diez expertos -incluido el antiguo jefe de la Reserva Federal, Paul Volcker-, que servirá de base a la política de Obama en Oriente Próximo. En él se conserva el espíritu de la conferencia celebrada en Maryland y se propone que Estados Unidos exija a Israel la retirada a las fronteras de 1967 -aunque podrá conservar los grandes bloques de asentamientos-, el regreso de los refugiados y que acceda a la adopción de un régimen especial en la Ciudad Vieja de Jerusalén además de a la doble capitalidad de esta ciudad, judía y palestina.
Gobierno frágil
Sólo este último planteamiento sería suficiente para dinamitar el frágil gobierno de Netanyahu, porque Lieberman lo abandonaría de inmediato. «Aquellos que piensen que con concesiones lograrán respeto y paz están equivocados; es lo contrario, conseguirán más guerras. Aquellos que quieran la paz deben prepararse para la guerra y ser fuertes», advertía ayer el nuevo canciller judío, alérgico a cualquier acuerdo con los árabes que implique una entrega por parte de Israel.
Prueba de su decidida voluntad de no devolver un centímetro de tierra a los palestinos es parte del acuerdo de coalición que ha suscrito con el jefe del Likud, según el cual Netanyahu se ha comprometido a promover 3.000 viviendas en la zona conocida como E1, un territorio incluido en los dominios palestinos según las líneas de 1967 que de ser urbanizado contribuiría a separar casi definitivamente el Jerusalén oriental de Cisjordania.
La agresiva declaración de intenciones de Lieberman encontró ayer respuesta también en el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, que se refirió al titular de Exteriores de Tel Aviv como «un hombre que no cree en la paz y con el que, por tanto, no podemos tratar». «El mundo debe presionarle», reclamó durante una visita a Qatar, al tiempo que su portavoz, Nabil Abú Rudainah, se dirigió expresamente a EE UU pidiendo «una postura clara contra esta política, antes de que las cosas se pongan peor».