Rafael Gabarri Jiménez esperará en la cárcel a conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria a 12 años de cárcel por el delito de detención ilegal a Marisa Villaquirán, tal y como habían solicitado las acusaciones particular y popular, además de la propia Fiscalía.
En el momento en que desde la sección primera de la Audiencia Provincial de Burgos se tramite el mandato de ingreso en prisión y éste sea recepcionado por el centro penitenciario de la capital burgalesa, comenzaría a aplicarse la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual -informaron fuentes jurídicas- el periodo por el que actualmente cumple condena se fusionaría con la pena provisional decretada por detención ilegal.
«La prisión preventiva se impone hasta el límite máximo de la mitad de la pena impuesta», explicaron. Lo que según las mismas fuentes vendría a significar una rebaja de aproximadamente un año en el total de 14 impuestos por detención ilegal, lesiones y violencia habitual en el ámbito familiar.
La decisión de la Audiencia no ha sido la misma en el caso del otro culpable, Isaac Duval Jiménez -conductor del vehículo en el que Marisa Villaquirán fue llevada a San Juan del Monte en diciembre de 2004,- al que le ha impuesto una pena de 8 años.
Sin pasaporte
En su caso, los magistrados de la sala han considerado que no existe riesgo de fuga y que, por lo tanto, no cabe imponer nuevas medidas cautelares, salvo la retirada del pasaporte. Un documento que, tal y como apuntó su abogado, Miguel Ángel Montejo, no tiene. «No hay ninguna voluntad de salir del territorio español. No lo ha hecho y no tiene intención», recalcó.
Ese fue, en parte, su argumento para rebatir la solicitud de prisión preventiva que para su cliente fue presentada el pasado viernes. «No hay riesgo de fuga. Lo ha podido hacer durante los cuatro largos años de la instrucción e incluso cuando supo que se le pedían 12 de prisión. Si no lo hizo entonces difícilmente lo va a hacer ahora con una condena de 8 y, por tanto, menor a la solicitada», aclaró.
Una afirmación que refuerza en el hecho de que no cuenta con posibilidades económicas. «No trabaja, no tiene ingresos propios y tampoco medios alternativos con los que evadirse a la acción de la justicia», incidió.
Lo único que Duval tiene obligación de hacer, tal y como estaba establecido hasta la fecha, es presentarse semanalmente ante un magistrado. «Tiene que ir todos los sábados al Juzgado».
Y es que tampoco se ha considerado necesario establecer ninguna medida nueva en lo que respecta a la fianza. «Se mantienen los 1.500 euros en su momento acordados por la juez de Miranda», apuntó el letrado.
Por lo tanto, a la vista de la decisión de la Audiencia, Miguel Ángel Montejo aseguró sentirse «satisfecho», ya que ha logrado que Isaac Duval «no entre en prisión hasta que no se resuelva el recurso de casación» interpuesto ante el Tribunal Supremo; a pesar de la insistencia del fiscal y las acusaciones por «adelantar el fallo de la sentencia, sin esperar una decisión firme sobre la responsabilidad y culpabilidad de Isaac», concluyó.