Medio centenar de estudiantes han sido citados ante el juez por los graves altercados ocurridos en la UPV durante las protestas contra la adaptación de los estudios superiores a Europa -el denominado proceso de Bolonia-, una lucha que lidera el sindicato Ikasle Abertzaleak. Los alumnos radicales están acusados de desórdenes públicos y deberán presentarse en mayo en los tribunales. Los miembros de la central estudiantil censuraron ayer con dureza las medidas «represivas» que han tomado los responsables académicos, principalmente la decisión del anterior equipo rectoral de solicitar la presencia de la Ertzaintza en los campus vascos con el fin de atajar los continuos actos vandálicos.
«Responsabilizamos a la UPV de las consecuencias que tenga para los estudiantes estos procesos judiciales», advirtió ayer Unai Txurruka, que ejerció de portavoz en una rueda de prensa del sindicato en el campus de Leioa para ofrecer los datos de lo que denominan «balance represivo de la Universidad». Detallaron que en total fueron 82 los alumnos identificados por la Policía autónoma durante las protestas contra la convergencia europea, de los que 48 están imputados. En las dos últimas semanas, han comenzado a recibir citaciones para el día 12 del próximo mes.
En mayo del año pasado, seis estudiantes ya tuvieron que comparecer ante el juez por causar disturbios. En esa ocasión, la UPV utilizó por primera vez las cámaras instaladas en el recinto universitario para identificar a los autores de los altercados. Los integrantes de Ikasle Abertzaleak, central mayoritaria en la Universidad, censuraron ayer el uso de estos dispositivos de vigilancia y la presencia de las «fuerzas de seguridad privada» para proteger las instalaciones.
Los alumnos radicales cargaron también contra el actual rector. «De la misma forma que sus predecesores, nos ha dejado claro que está dispuesto a seguir adelante con la imposición del proceso de Bolonia». Iñaki Goirizelaia ocupaba el cargo de vicerrector del campus de Leioa en diciembre de 2007, cuando las autoridades académicas recurrieron a la Ertzaintza ante la sucesión de graves altercados que obligaron a suspender un Claustro y varias juntas de facultad y amenazaban ya con paralizar el funcionamiento de la institución académica. «Goirizelaia, sin ningún escrúpulo, ha abierto las puertas de par en par a la Policía autonómica. Ha preferido encararse contra los estudiantes que luchamos a favor de otro modelo de Universidad para este pueblo que iniciar un debate con la comunidad universitaria», criticaron los miembros de Ikasle Abertzaleak.
Pulso al rector
Es la primera vez que el sindicato radical lanza un pulso al nuevo rector. «Aunque en las elecciones pasadas quiso ponerse la careta democrática, los estudiantes conocemos desde hace tiempo a Iñaki y su estilo de trabajo», censuraron. Advirtieron de que no se van a quedar «de brazos cruzados». «La lucha es el único camino», apuntaron. Justifican el rechazo al proceso de Bolonia porque «deja a las universidades en manos de empresas privadas» e impide «crear una UPV euskaldun y al servicio del pueblo».
Desde que está al frente de la institución académica, hace tres meses, Goirizelaia ha logrado que la vida académica se desarrolle sin incidentes de importancia. El primer Claustro lo celebró en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, el centro en el que estudió la carrera, un edificio con accesos más fáciles de proteger que el Aula Magna ubicada en el campus vizcaíno. La última reunión del máximo órgano de gobierno antes de los comicios, en el que los aspirantes Goirizelaia y Esteban presentaban su programa electoral, tampoco se celebró en Leioa. El Rectorado decidió desarrollar el acto en la Escuela Náutica de Portugalete, también más cómoda para vigilar.
Los actos vandálicos arreciaron durante el anterior mandato de Juan Ignacio Pérez. Los alborotadores reventaron un Claustro en diciembre de 2007, en el que la UPV iba a aprobar el nuevo catálogo de faltas y sanciones, donde se incluye la posibilidad de expulsar a alumnos que «obstruyan o interrumpan por la fuerza» actos académicos. Fue la gota que colmó el vaso. Pérez recurrió la Ertzaintza. La Policía vasca y un reforzado equipo de vigilantes blindaron el campus de Leioa y evitaron que interrumpieran el siguiente Claustro, el 31 de enero de 2008. Sin embargo, los radicales lograron protagonizar un violento asalto al Rectorado en mayo de ese año, en el que causaron graves destrozos. Los antidisturbios cargaron contra los manifestantes y realizaron cuatro detenciones. La UPV calificó la acción de «inmoral, inútil y estúpida». Ahora, 48 implicados deberán responder ante el juez.