EL CAMBIO QUE VIENE
El pacto entre las dos formaciones defiende la opción de educar en castellano y adecuar el valor del euskera en las oposiciones
. Los socislistas Ares, Eguiguren y Pastor, el jueves en las conversaciones con los populares Barreda, Quiroga, Oyarzábal, Usandizaga y Alonso. /
«Una oportunidad única en los 29 años de vida del Estatuto de Gernika». Con esta frase arranca el acuerdo que mañana firmarán el PSE y el PP y que, en principio, garantizará la «estabilidad» del Gobierno de Patxi López durante los próximos cuatros años al comprometerse los populares a no presentar ni apoyar ninguna moción de censura durante la legislatura. El texto, titulado 'Bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca', fue hecho público ayer por ambas formaciones y recoge los puntos suscritos por socialistas y populares.
Dividido en seis epígrafes, aboga por completar el desarrollo de la actual Carta autonómica, pero evita referirse de manera explícita a su hipotética reforma, aventura cambios en las políticas de euskaldunización, garantiza la enseñanza en castellano y pide adecuar el valor que tiene el euskera en las oposiciones. Y muestra una auténtica declaración de principios, obvia en otros lugares pero no en Euskadi, al defender la «igualdad política de todos los ciudadanos con independencia de cuál sea su lugar de nacimiento, lengua, sexo, religión o ideología».
Las líneas maestras de la negociación se cerraron la semana pasada, durante el encuentro que delegaciones de los dos partidos mantuvieron el jueves en el Parlamento vasco. Con todos los flecos cubiertos, PSE y PP acordaron firmarlo de manera definitiva antes del Pleno del viernes en el que se elegirá a la nueva Mesa del Parlamento, previsiblemente, mañana. Mantenido a salvo de filtraciones durante los primeros días, los dos partidos optaron por desvelarlo a media tarde de ayer.
Se trata de un documento de once páginas en el que la «nueva mayoría» apuesta por construir el futuro «desde el respeto a la legalidad». Las páginas, que el PSE era reacio a elaborar al principio de las conversaciones, son una síntesis de los programas de ambos partidos y mezcla apartados redactados con una calculada ambigüedad con otros muy explícitos que delimitan de manera absoluta el camino por el que va a transitar el Ejecutivo autónomo.
Pero, sobre todo, permite a López vislumbrar la legislatura con cierta tranquilidad. Por lo menos, en principio. A diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que optó el año pasado por no cerrar ningún acuerdo a largo plazo con el resto de grupos en el Congreso y negociar día a día la aprobación de leyes -estrategia que le ha abocado a una delicada minoría parlamentaria-, el líder del PSE ha intentado asegurarse un futuro relativamente tranquilo.
Incumplimientos
El PSE establecerá con el PP una «relación preferente», sin excluir acuerdos con otras formaciones, que permitirá a los socialistas vascos aprobar los Presupuestos a final de cada año «tras un diálogo previo y negociación» con el partido de Antonio Basagoiti. Asimismo, los populares se comprometen a no presentar «ni apoyar» ninguna moción de censura. De cumplirse esta premisa, López podría aguantar los cuatro años en Ajuria Enea al contar con mayoría en la Cámara de Vitoria. La entente estará vigilada por una comisión de seguimiento y se mantendrá «salvo incumplimiento del presente acuerdo».
El documento profundiza en algunos de los aspectos más controvertidos de la política vasca, como la euskaldunización, el Estatuto de Gernika o la violencia.
Respecto a este último apartado, y en un tono de máxima contundencia, se apuesta por acabar con «cualquier espacio de impunidad» y se subraya que el terrorismo nunca obtendrá «rédito político alguno». Los dos partidos se comprometen a eliminar las ayudas a las asociaciones de presos que no condenen los atentados, impedir los homenajes a personas o grupos vinculados a ETA y eliminar cualquier simbología de apoyo a la banda de los espacios públicos.
PSE y PP, que tienen a la mayoría de sus cargos con escolta y bajo la presión de ETA, darán un «permanente apoyo y reconocimiento a las víctimas» y pondrán como prioridad la defensa de las personas amenazadas y extorsionadas. En tono general, se quiere impulsar la tolerancia y el pluralismo «desde una acción política basada en el diálogo y el consenso».
En lo que se refiere al modelo educativo, PSE y PP no lo concretan al detalle, pero sí dejan entrever cambios de calado y un varapalo al diseño dibujado los últimos meses por el Departamento de Educación de Tontxu Campos, de EA, quien había apostado por situar el euskera como única lengua vehicular.
Socialistas y populares defienden la «libre elección» del euskera o del castellano por parte de los padres para educar a sus hijos y garantizan «el ejercicio efectivo de tal derecho»; una de las principales reivindicaciones de la plataforma por la libertad lingüística, que reclamaba que los centros con 'modelo A' se mantuviesen abiertos. En todo caso, el documento también apuesta por un aprendizaje «obligatorio» de las dos lenguas oficiales, un «bilingüismo integrador», y por avanzar en el trilingüismo.
El propio texto admite de manera explícita que el nuevo Gobierno derogará «inmediatamente» los artículos considerados polémicos del currículo elaborado por el equipo de Campos -algunos de cuyos puntos también rechazaba el PNV- por haber surgido fuera «de los consensos». Asimismo, se apuesta por impulsar la escuela pública.
Una estrategia que se extenderá a la política lingüística, en la que los dos partidos reconducirán la importancia que se le da al euskera en las ofertas públicas de empleo. PSE y PP quieren que este idioma no suponga «perjuicio o marginación», salvo en los casos en que el «perfil lingüístico se requiera por la función a desempeñar» y por la zona en la que se trabaje. O lo que es lo mismo, que no se pedirá lo mismo en Oiartzun que en Sestao, algo que, por otra parte, ya sucede.
Para intentar atemperar miedos en el mundo euskaldún, los dos partidos garantizan el derecho a relacionarse con las administraciones públicas en cualquiera de las dos lenguas oficiales, pero también subrayan que se hará una «valoración adecuada del conocimiento del euskera como mérito en las OPEs» para buscar «el equilibrio con la puntuación correspondiente a los méritos profesionales». En un paso más allá, se quieren revisar los planes de euskaldunización «a la luz de los consensos alcanzados» en 1982.
Respecto al Estatuto, el texto propone completar su desarrollo de acuerdo con el Gobierno central y transferir las políticas activas de empleo, pero evita mencionar una posible reforma, aunque se insta a «mejorar el autogobierno».
