MEDIDA ADELANTADA POR AZKARRAGA
Basagoiti anuncia que «no habrá un duro» para los que defienden el terrorismo
Un grupo de familiares de presos de ETA portan fotografías de sus familiares. / AFP
El PSE confirmó ayer que si, finalmente, Patxi López es el próximo lehendakari intentará anular la orden dictada «deprisa y corriendo» por el Departamento de Justicia de Joseba Azkarraga para subvencionar los viajes de los familiares de presos -la mayoría encarcelados por su pertenencia de ETA-, al considerar que estas ayudas «hieren profundamente la sensibilidad» de las víctimas de la banda armada y no promueven la «deslegitimación del terrorismo». De forma taxativa, los socialistas vascos subrayaron que estas cantidades, que en los últimos años han superado los 200.000 euros por ejercicio, no se repartirán «con el nuevo Gobierno». Una decisión que contará con el pleno apoyo del PP, que las considera una «vergüenza».
El Boletín Oficial del País Vasco publicó el martes la orden de Justicia por la que se abre el plazo para reclamar parte de los 225.000 euros incluidos en los Presupuestos para este año. El decreto lo firmó el propio Azkarraga apenas tres días después de las elecciones del 1 de marzo, cuando ya se había visualizado la posibilidad de que EA quedase fuera del Gobierno y López llegase a Ajuria Enea.
Este anuncio nunca se había hecho público durante el primer trimestre -el año pasado fue en junio-, lo que ha levantado las suspicacias de los socialistas. El PSE está convencido de que el Gobierno vasco en funciones está tomando decisiones «apresuradas» para condicionar la labor del próximo gabinete. Pone como ejemplos la contratación de personal para el Instituto Vasco de Finanzas o la apertura de concursos para «recolocar» a altos cargos como funcionarios del máximo nivel. Y la orden de Azkarraga de adelantar los plazos de las ayudas para los presos estaría dentro de esta estrategia.
Estas subvenciones se conceden desde finales de los noventa, con la llegada de Eusko Alkartasuna a la Consejería de Justicia de la mano de Sabin Intxaurraga y Azkarraga. Aunque sus promotores siempre han defendido que no sólo están destinadas a los miembros de ETA y que también pueden solicitarlas los familiares de presos comunes, lo cierto es que en un primer momento se tramitaron a través de Senideak, organización de la izquierda abertzale.
El actual consejero de Justicia en funciones reconoció en 2002 en el Parlamento vasco que este colectivo y su sucesor, Etxerat, habían recibido 91.401 euros desde 1999. En 2001, por ejemplo, se les concedió algo más de 42.000 euros, una cifra muy similar a la que percibió Gesto por la Paz y superior a la de Covite. Ese mismo año, Azkarraga admitió que daría ayudas «mientras haya dispersión». No sólo no desaparecieron, sino que aumentaron.
El procedimiento varió a partir de 2003, cuando Justicia insertó las subvenciones en el epígrafe de 'Familia' de los Presupuestos vascos. Desde entonces han superado los 200.000 euros anuales y fueron el principal punto de fricción entre los socialistas y el PNV para acordar las Cuentas públicas, que Juan José Ibarretxe ha aprobado desde 2005 gracias al apoyo del PSE. A pesar de este respaldo general, la formación de Patxi López ha mostrado su malestar los últimos cuatro años votando en contra de este punto, un rechazo más simbólico que práctico. Además, en varias ocasiones matizó que su objetivo no era suprimirlas, sino regularlas para que se tramitasen como una ayuda social más para quien lo necesitase.
«Arropar a los amigos»
Sin embargo, los socialistas recalcaron ayer que las «anularán» una vez se confirme que presidirán el próximo Gobierno vasco. El secretario de Organización del partido, Rodolfo Ares, subrayó que la pretensión de Azkarraga de «hipotecar» la acción del futuro Ejecutivo «no saldrá adelante».
A través de un comunicado, anunció que se adoptarán «todas la medidas que sean necesarias» para que las subvenciones no entren en vigor. «Una orden puede anularse con otra orden, y con el nuevo Gobierno de Patxi López no habrá ayudas para visitar a los familiares de presos de ETA», dijo Ares, quien añadió: «acabar con estas ayudas es una exigencia democrática porque es un ingrediente fundamental de la deslegitimación del terrorismo». A su juicio, este objetivo es «incompatible» con subvencionar a quienes «siguen siendo incapaces de condenar» a ETA.
En una línea muy similar se expresó Antonio Basagoiti. El líder del PP vasco -formación que ultima un acuerdo de estabilidad con el PSE- vaticinó que se va a acabar «el chollo que tiene ETA» y que no va a haber «ni un duro» para quienes «amparan el terrorismo».
La respuesta a estas declaraciones llegó horas después. Por medio de otra nota de prensa, Etxerat aseguró que la desaparición de estas subvenciones «no va a acabar con nuestra decisión de arropar a nuestros familiares y amigos».
