Cuatro ex dirigentes de ETA intentan impulsar en las cárceles un debate sobre el abandono de las armas como vía para la consecución de fines políticos. Ese movimiento ha sido fomentado por José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', Kepa Pikabea, José Luis Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola, que han intensificado en los últimos meses sus esfuerzos por convencer a reclusos de la banda sobre la necesidad de acabar con la violencia. Los dos primeros se encuentran internos en la prisión de Villabona (Asturias) y los otros dos en Zuera (Zaragoza). En ambos centros penitenciarios cumplen condena los etarras más alejados de la ortodoxia terrorista.
Interior conoce las disensiones internas en el 'frente de makos' y utiliza la política de dispersión para facilitar el contacto entre estos cuatro disidentes y los activistas que han mostrado menos firmeza en sus convicciones, con el fin de socavar la autoridad de ETA dentro de las prisiones. Esta estrategia lleva tiempo en activo, aunque se ha intensificado recientemente de forma espectacular. De hecho, en los dos últimos meses se han producido 42 traslados en torno a los dos establecimientos penitenciarios mencionados; en unos pocos casos, para aproximar al norte a internos más proclives a secundar las tesis de los cuatro ex jefes.
Pero, sobre todo, de lo que se ha tratado es de alejar a aquellos considerados afines al sector duro. El ministerio está convencido de que, ante las dudas de cualquier recluso, éstos acabarían imponiendo sus tesis a favor de la violencia, por lo que prefiere no mezclarlos en las mismas dependencias. El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba busca, precisamente, dejar el camino lo más expedito posible y facilitar que el ascendiente de veteranos como 'Txelis' o Sistiaga en una parte del colectivo de reclusos sirva para impulsar y propagar la discusión sobre el final de las armas.
El Gobierno está convencido de que debilitar el 'frente de makos' es una fórmula adecuada para mermar las fuerzas de la banda, a la que ha asestado duros golpes policiales en el último año y privado del respaldo institucional de la izquierda radical, que también ha reducido su presión y presencia en las calles. Por eso, además de acercar a los internos que ya han dado muestras de no aceptar las tesis de ETA o alejar a las prisiones del sur de la península a quienes se aferran a las posturas más violentas, Interior ha apostado por las vías de reinserción social de aquellos presos que cumplen con las normativas penitenciarias, y, a la hora de acogerse a beneficios, han rechazado de manera evidente la violencia e incluso pedido perdón a las víctimas.
Entre los últimos movimientos se encuentra el del histórico dirigente Santiago Arrospide, 'Santi Potros', condenado a más de 2.000 años de reclusión por atentados como el de Hipercor o la matanza de doce guardias civiles en la plaza de la República Dominicana en Madrid. 'Potros' ha sido conducido a Zuera junto con activistas como Rafael Caride, condenado también por la explosión de un coche bomba en el Hipercor de Barcelona. El caso de 'Potros' es singular, ya que en 2002 otros presos comenzaron a declarar contra él en los juicios como castigo impuesto por la dirección etarra, que le hacía responsable de una de las grandes redadas en suelo francés de los años 90.
Por contra, prisiones como la de Puerto de Santa María, en Cádiz, acogen a aquellos miembros que acatan las directrices de la banda y sostienen las vías más duras. Queda claro, pues, que la intención del Gobierno es favorecer el debate, pero sin fijar centros penitenciarios donde convivan internos de ambos sectores.
Enfrentamientos
'Txelis' y Pikabea ya han expresado desde la década pasada posturas de rechazo a las armas, lo que, como a sus otros dos compañeros, les costó la expulsión de ETA. El primero -que atravesó una súbita conversión religiosa tras ser detenido en 1992- fue incluso acusado de promover una escisión en su seno. En 2008, él y Pikabea escribieron una carta en duros términos contra la cúpula terrorista por romper la tregua y no escuchar «la voz del pueblo».
Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola hicieron pública otra misiva en septiembre de 2008 en la que apostaban por las vías políticas, advertían del deterioro del mensaje de la izquierda abertzale y apoyaban a 'Txelis' y Pikabea. Los dos etarras, sin embargo, daban un paso por delante y llamaban, en la práctica, a la deserción. «Cualquier militante de la izquierda abertzale tiene el derecho a desligarse de las organizaciones a las que voluntariamente pertenecen y esta decisión merece el máximo respeto», escribían.
ETA no ha permanecido quieta ante el debate y ha comenzado a presionar a las familias para frenar la disidencia. Como ya adelantó este periódico, allegados de algunos reclusos y representantes de la ilegalizada Askatasuna han mantenido enfrentamientos. Incluso se ha prohibido a algunos familiares utilizar los autobuses de Askatasuna para viajar a las prisiones.