POLÍTICA
Justicia dice que el estudio
es un seguimiento de
la Ley Antiterrorista encomendado por el
Parlamento de Vitoria
22.03.09 -
Jon Landa.
Un documento del Gobierno vasco señala que, en al menos 200 detenciones realizadas entre 2005 y 2007, se lesionaron los derechos civiles, y podría haber ocurrido también con los derechos políticos de inculpados como los etarras 'Txapote', 'Pototo' o el ex director de 'Egin' Pepe Rey, entre otros. Según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Departamento de Justicia del Ejecutivo autónomo, éstas son algunas de las conclusiones del 'Informe de derechos civiles y políticos de Euskadi', elaborado a partir de un mandato del Plan de Paz y Convivencia aprobado por el Parlamento vasco.
La orden fue asumida por la Dirección de Derechos Humanos y el informe encomendado a su vez a un «órgano independiente» para su confección como es el Instituto Vasco de Criminología. El objetivo del estudio, según los mismos medios, era hacer un seguimiento de la aplicación de la Ley Antiterrorista. Al parecer, se adjudicó por un importe de 250.000 euros.
El texto, al que tuvo acceso la cadena Ser, no cita a la Ertzaintza, pero sí a la Guardia Civil y Policía Nacional. Asimismo, detalla la fecha y el lugar de los arrestos, su aparición en los medios de comunicación y la presencia o no de «violencia institucional». Para su elaboración, se apoya en los datos proporcionados por el TAT (Torturaren Aurkako Taldea) o asociación contra la tortura, surgida de la izquierda radical. El único arresto del listado que no se relaciona con ETA es el de un joven de Cáceres detenido por ser autor de falsos avisos de bomba.
La Dirección de Derechos Humanos -dirigida por Jon Landa-, dependiente de Justicia, se ha visto envuelta durante la última legislatura en la polémica por algunos de los controvertidos planes que ha promovido. Esta misma semana, el PSE ha denunciado que la unidad didáctica puesta en marcha por ese área en diferentes colegios con el objetivo de deslegitimar la violencia minimiza el papel de ETA.
La iniciativa traslada el testimonio de cinco víctimas: dos de de la banda terrorista, otra de un familiar de Josean Lasa -asesinado por los GAL-, una cuarta vinculada con la violencia sexista y una quinta relacionada con una acción de la Guardia Civil durante el franquismo. El PP ha pedido que el nuevo Ejecutivo, que posiblemente presida el socialista Patxi López, retire la unidad de las escuelas al entender que ayuda a «legitimar a los terroristas».
