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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Viernes, 22 agosto 2014

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ÁLAVA

Los beneficiarios cobran el paro acumulado y logran ayudas para realizar el viaje Alertan de la grave situación de los 'ilegales' que quieren volver a su país de origen

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30 familias de inmigrantes se han acogido al retorno voluntario en sólo cuatro meses
Una trabajadora de la Cruz Roja informa sobre los requisitos para acogerse al programa de retorno voluntario. / A. GÓMEZ
Llegaron con la maleta cargada de ilusiones y la crisis se las ha hecho añicos. Una treintena de familias de inmigrantes afincadas en Álava ha decidido tirar la toalla y regresar a su país de origen para evitar que su delicada situación económica se vuelva insoportable. Son trabajadores no comunitarios que tras años de arraigo en la provincia se han visto abocadas al paro y se han acogido al plan de retorno voluntario impulsado por el Gabinete Zapatero en noviembre, y que les permite cobrar por adelantado parte de las prestaciones por desempleo.
La cifra, facilitada por la Subdelegación del Gobierno, parece pequeña si se tiene en cuenta que sólo en Vitoria hay censadas casi 22.000 personas de origen extranjero. Sin embargo, diferentes colectivos sociales consultados por este periódico coinciden en señalar que cada vez hay más inmigrantes agobiados por las deudas que sopesan dar ese paso tan traumático.
La Cruz Roja de Álava conoce a fondo sus quebraderos de cabeza. Tramita desde hace años las ayudas para los retornos voluntarios humanitarios y desde hace cuatro meses también las del nuevo programa realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo. La entidad humanitaria ha contribuido hasta ahora a financiar billetes de vuelta y gastos de viaje, y se ha asegurado de que el retornado tuviese un apoyo en su país que le ayudase a readaptarse.
Requisitos
«Les cuesta mucho tomar una decisión así», resume una trabajadora social de Cruz Roja. La organización había atendido hasta ahora casos puntuales de inmigrantes que deseaban volver. Y no siempre había detrás un problema económico. «A veces se trataba de cuestiones de salud a las que no ayudaba el clima vitoriano», indica la misma experta. Pero desde que existe la posibilidad de cobrar de una vez el 40% del paro antes de salir del viaje y el otro 60% en el país de origen y además lograr dinero extra para los gastos del viaje, los voluntarios que trabajan con ellos han notado un mayor interés. «Aunque sólo sea para informarse vienen y preguntan, pero muy pocos quieren realmente retornar», indica la responsable del programa.
Es que la decisión es muy meditada y llega cuando uno ya no puede pagar el alquiler o la hipoteca ni mantener a sus hijos, y mucho menos ayudar a los que se quedaron. Entonces deben cumplir una serie de requisitos, como el de proceder de alguno de los 20 países que tiene suscrito con España un convenio bilateral en materia de Seguridad Social. Deben estar empadronados en Álava, inscritos en el paro y tener reconocido el derecho a cobrar el subsidio. Además, han de comprometerse a abandonar el país en un mes después de recibir el primer adelanto junto a sus familiares y no podrán volver antes de tres años.
«La gente aguanta como puede, busca empleos en la economía sumergida, acude a los bancos de alimentos, pide ayudas sociales... Pero volver es lo último, porque sería una derrota», explica Consuelo Parra, presidenta de la asociación de profesionales extranjeros Prestaturik. «Si aquí hay crisis, en nuestros países la cosa está peor y eso hay que valorarlo», sostiene. Algunos, asegura el colombiano José Lisardo, han optado incluso por enviar a los hijos al país mientras ellos capean aquí el temporal, «pero con la esperanza de traerlos cuando las cosas vayan mejor».
«Están atrapados»
Además, no todo el mundo que quiere volver puede hacerlo, alerta Filomena Abrantes, de la Asociación de Residentes Afroamericanos. ¿Qué puede hacer alguien que no tiene permiso de residencia, ni derecho a paro, ni siquiera a ayudas? «Están atrapados. Ni tienen dinero ni nadie se lo proporciona y están tirados por ahí. Si siguen así se deteriorarán como personas, van a sufrir un grave desequilibrio emocional», denuncia Abrantes. A su juicio, éste es un problema que la crisis va a agudizar en los próximos meses y al que las instituciones deben buscar soluciones.


r.cancho@diario-elcorreo.com
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