Gil, Llanos, Olazábal e Hidalgo. / MAIKA SALGUERO
REACCIONES DE LOS PROTAGONISTAS EL PROCESO
La batalla legal sobre el peaje de la A-8 ha terminado. Y, con él, «se despeja» la incertidumbre sobre el sistema público de financiación de infraestructuras. Tras «meses» de negociaciones, el PP ha llegado a un acuerdo con el PNV por el que se compromete a retirar sus recursos sobre la normativa reguladora del canon de la autopista, que están en la actualidad en el Tribunal Supremo. Con los «nubarrones» jurídicos ya despejados, la Diputación estará en condiciones de reducir «sensiblemente» los plazos de ejecución de distintas obras «prioritarias» para el territorio vizcaíno. De forma paralela, el pacto -que cuenta también con el apoyo de los socialistas- permitirá «activar» la economía local con una inversión superior a los 3.700 millones de euros.
Tras más de seis años de polémica, el compromiso en relación al plan de carreteras llega mientras los populares encarrilan una negociación con el PSE que permita la investidura de Patxi López como lehendakari. En paralelo, el PP -cuyo peso político se ha revalorizado tras las elecciones autonómicas, pese a la pérdida de dos escaños- está abierto a la búsqueda de acuerdos de calado con el PNV en distintas materias que favorezcan la consecución de mayorías en las instituciones. Ese escenario se ve auspiciado por el abierto enfrentamiento de los jeltzales con los socialistas a raíz del proceso de conversaciones para la formación del nuevo Gobierno vasco.
Pendiente del Supremo
Maniobras políticas al margen, la principal disputa en torno a los peajes de la A-8 se encontraba pendiente del dictamen final del Tribunal Supremo. En 2006, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó parcialmente el recurso del Partido Popular contra la norma foral de carreteras aprobada en diciembre de 2002. Ambas partes recurrieron y, ahora, estaban pendientes de la resolución del alto tribunal.
Con este acuerdo, ya no hará falta esperar al dictamen del Supremo. El PP, que había convertido los peajes en su principal caballo de batalla en materia de infraestructuras, relaciona su cambio de posición con una cuestión de «responsabilidad», de «generosidad» ante momentos «adversos». Además de las obras que verán adelantadas sus plazos de ejecución y de otros cambios en materia de gestión de los peajes, los populares vizcaínos estiman que la crisis económica ha alcanzado tal envergadura que obliga a todos los partidos a «arrimar el hombro». «Nuestras diferencias no son tan importantes. Lo importante ahora es que consigamos llegar a acuerdos para mejorar la situación de los vizcaínos en estos tiempos de crisis», explicó el portavoz popular en las Juntas Generales, Carlos Olazábal, antes de destacar la importancia de los más de 3.750 millones de euros que se invertirán en los próximos años.
La Diputación, por su parte, también se felicitó por una alianza que «despeja» las incertidumbres generadas en torno a la normativa reguladora del canon de la A-8. El diputado de Obras Públicas aseguró que el acuerdo sirve para «aclarar» el futuro de las nuevas carreteras, cuya financiación se encontraba condicionada por el recurso de los peajes.
Iñaki Hidalgo quiso agradecer el «esfuerzo» realizado por el PP y también el PSE para sacar adelante el plan de carreteras -redactado en un «95%» por el Departamento- y subrayó que este texto contará en la Cámara vizcaína con el visto bueno de una abrumadora mayoría (46 de los 51 apoderados). «Es un gran acuerdo. Seguimos apretando el acelerador para salir de la crisis», concluyó.
