Los cambios en el liderazgo político tienen siempre repercusiones, incluso de carácter personal, en las altas estructuras de la Administración. Así ocurre en cada inicio de legislatura, cuando los nuevos responsables departamentales se ven en la necesidad de crearse sus propios equipos de confianza. En el momento actual, si el cambio de liderazgo llega a tener la profundidad que se prevé, la repercusión adquirirá dimensiones muy notables. Unos 650 trabajadores, entre altos directivos y personal de confianza, se verán afectados en su situación laboral al tener que abandonar sus actuales puestos de trabajo y retornar a sus anteriores, si los tuvieren, bien dentro de la Administración o fuera de ella. Esta circunstancia, por dolorosa que resulte para los afectados, no supone de ningún modo una actitud revanchista de los nuevos gobernantes, sino que responde a un modelo organizativo que se ha instalado, desde su inicio, en nuestra Administración, siguiendo el esquema de otras de su entorno.

En cualquier caso, y tomando ocasión de esta circunstancia, sería pertinente preguntarse si el modelo que nuestra Administración ha adoptado no está, en primer lugar, excesivamente politizado y, en segundo, pesadamente sobredimensionado. En relación con lo primero, quizá habría que pensar en otros referentes del entorno, en los que ciertos altos cargos de la Administración son reclutados, mediante los oportunos concursos de méritos, del propio cuerpo funcionarial y no están expuestos a vaivenes políticos, que acarrean merma en la eficacia y eficiencia de su trabajo. Se evitaría así, entre otros inconvenientes, el de la excesivamente prolongada paralización que sufre la Administración en los períodos de cambio, aunque sólo sea por la necesidad de aprendizaje a que deben enfrentarse los nuevos nombrados. Además, y no menos importante, la Administración ganaría en neutralidad y transparencia, al no verse tan sometida a indeseables interferencias de sesgo político. Por supuesto, todo ello sería en detrimento del poder de los partidos. Por otra parte, el sobredimensionamiento de nuestro aparato administrativo es un hecho innegable, si se tiene en cuenta que a los del Gobierno y el Parlamento autonómicos se suman los de las tres diputaciones y las tres Juntas Generales. La duplicidad de servicios, personal y gasto resulta inevitable. No sería justo echar sobre los hombros del nuevo liderazgo político un problema que no han resuelto -sino, más bien, han creado- los anteriores. Pero sí es de desear que, aprovechando la actual coyuntura de extrema dificultad económica, el nuevo Gobierno, sea del color que sea, se fije como una de sus mayores prioridades el adelgazamiento progresivo, pero severo, de una Administración pública que está a todas luces sobredimensionada.