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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Viernes, 25 abril 2014

Política

ELECCIONES VASCAS

EUSKADI 2013 UNA MIRADA AL FUTURO

18.02.09 -

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L a Euskadi de 2013 dependerá de cómo se afronten los retos que la sociedad vasca tiene planteados. Desde la perspectiva del trabajo del Ararteko de procurar una debida protección de los derechos de las personas en relación con las políticas públicas de las administraciones vascas, haré un esbozo de aquellas cuestiones relevantes para la construcción de una sociedad vasca cada vez más inclusiva en la que, respetando la singularidad de cada cual y por tanto la diversidad, todas las personas tengan debidamente garantizadas por los poderes públicos las condiciones mínimas para una vida vida.
Creo que las políticas públicas (las sociales, pero también las de educación, salud, vivienda, urbanismo, etcétera) deberían tener ese objetivo común, dando preferencia a aquellas realidades sociales más vulnerables en la actual difícil coyuntura económica. Me atrevo a sugerir la conveniencia de abordar una profunda reflexión sobre el modelo de Estado social y de acometer las reformas que fuesen necesarias para optimizar los recursos públicos y para mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación entre las administraciones y, asimismo, entre éstas y las organizaciones sociales, cuya contribución es cada vez más decisiva.
Desde la citada perspectiva deberíamos prestar particular atención a aquellos sectores que por diferentes razones tienen un grado notable de vulnerabilidad. Aquellas personas que tienen como denominador común la limitación de su autonomía personal (muchas mayores, con discapacidad, enfermedades o trastornos de salud mental, enfermedades crónicas...) constituyen una parte creciente de la población. Todos los niños, niñas y adolescentes son 'per se' personas vulnerables, a las que hay que garantizar debidamente sus derechos, bienestar y desarrollo -y también inculcarles códigos morales de respeto a las normas y a los demás- poniendo énfasis en aquéllos que están en situación particularmente vulnerable (los incluidos en los sistemas de protección, los que tienen trastornos de conducta, los menores infractores o los necesitados de educación especial, entre otros).
El trabajo diario a favor de una sociedad inclusiva y equitativa implica que ninguna circunstancia personal puede ser causa de desigualdad o de discriminación. Las políticas públicas han de ser, por ello, proactivas para que vayan eliminando los obstáculos que todavía persisten para que las mujeres, las personas gitanas, homosexuales y transexuales, inmigrantes, con discapacidad o las aquejadas de alguna enfermedad crónica alcancen una situación de igualdad plena en todos los ámbitos y vean protegidos sus derechos fundamentales sin que sean objeto de discriminación, acoso, exclusión o agresión.
La promoción y el cultivo de los valores de respeto a los derechos humanos se erigen en la principal herramienta para trabajar a favor de la igualdad real y efectiva para todas las personas. Y también para la erradicación de la violencia de nuestras vidas. La lacra de la violencia terrorista persiste en el seno de la sociedad vasca porque hay conciudadanos que han antepuesto cualquier consideración política al respeto a la vida, a la libertad y a la integridad de las personas. Igualmente resulta prioritaria la erradicación de la violencia machista contra las mujeres, o la que practican algunos adolescentes contra sus iguales, sus padres o sus profesores. Los poderes públicos vascos tienen, por tanto, el reto de que las políticas públicas (y no sólo las que operan en el ámbito educativo) consigan que todas las personas asumamos con todas sus consecuencias un código moral que rechace por razones éticas de respeto a los derechos humanos el uso de la violencia.
Tengo para mí que una cuestión fundamental en el devenir de las sociedades será precisamente el trabajo que se realice en el campo de la ética de los valores. Aquí incluyo también la solidaridad, la fraternidad entre los seres humanos. Creo que las políticas públicas deberían promover e incentivar más el compromiso y el voluntariado sociales, no sólo por su gran valor ético sino porque resulta una contribución necesaria para la cohesión social y para la sostenibilidad del Estado social.
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