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Acae pide más control de los padres y una mayor vigilancia en los centros
Imagen de un niño atacado en un colegio de Madrid. / EFE
Los alumnos residentes en el País Vasco y Valencia fueron los que más recurrieron a la Asociación contra el Acoso Escolar (Acae) -creada en Asturias y que actúa en toda España-, para pedir ayuda. La agrupación atendió el año pasado 9.117 llamadas de teléfono, de las que un 22% provenían de Euskadi, la segunda autonomía de donde se recibieron más casos, precedida por la Comunidad Valenciana y seguida por la provincia de Málaga.
Su presidenta, Encarna García, dio a conocer ayer estos datos antes de impartir una conferencia en San Sebastián. Detalló que en el 99% de los episodios de acoso los profesores niegan que ocurra este fenómeno en sus aulas. A juicio de la responsable de la agrupación, sigue siendo todavía un «tema tabú», si bien subrayó que la muerte de Jokin Zeberio, el joven que acabó con su vida en 2004 lanzándose de lo alto de una muralla en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, ha supuesto «un antes y un después». «Antes se silenciaba absolutamente todo y a partir de entonces se reconoció que había un problema en las aulas», dijo.
Soluciones
Tras su muerte se pusieron en marcha numerosos planes de convivencia, recordó. García propone como solución «un mayor diálogo con los padres, aumentar la vigilancia en los centros escolares en lugares como los pasillos o el patio», y otorgar un papel «importantísimo» a los profesores.
La presidenta manifestó que tiempo atrás no existía semejante acoso psicológico en las aulas como ocurre ahora. Esa situación está provocada por «la falta de atención de los padres a los hijos, por la televisión, que es la que educa a los chavales, y por una sociedad que ha ido perdiendo valores».
El Departamento de Educación del Gobierno vasco rechazó ayer los datos que presentó la agrupación asturiana. Recordó que los estudios realizados por la consejería demuestran una reducción en el número de casos de acoso escolar en Euskadi. Sus portavoces recordaron la reciente aprobación del decreto de Derechos y Deberes de los alumnos y los protocolos y planes puestos en marcha en la comunidad para combatir el maltrato en las aulas.
