El juez Baltasar Garzón dio ayer el paso. El magistrado imputó en la trama de corrupción empresarial que investiga a dos cargos públicos del PP, a los que acusa de servirse de su posición en beneficio de intereses particulares, propios o de terceros. El hasta ahora regidor de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, serán interrogados en los próximos días en la Audiencia Nacional, después de que el magistrado ampliara a 37 el número de acusados en la red de favores y cohechos.
La lista es sólo un «aperitivo», una primera fase de una investigación «más amplia y más compleja», según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Mandos policiales encargados de la 'operación Gürtel' añaden que los investigadores barajan otro medio centenar de nombres de empresarios y «mediadores», siempre relacionados con cargos de la formación popular en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Los analistas de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trabajan contrarreloj para analizar la documentación incautada en los registros del viernes en Madrid, Valencia, Málaga y Cádiz a fin de poder aportar nuevas pruebas a la Fiscalía Anticorrupción.
González Panero, que ayer hizo efectiva por fin su renuncia a presidir el Consistorio de Boadilla del Monte, en el que mantiene el acta de concejal, y Ortega, obligado a dimitir de su actual puesto como gerente del Mercado Puerta de Toledo, fueron los primeros nombres en trascender. Pero a última hora de la tarde de ayer se desveló la identidad de los 37 imputados, entre ellos, empresarios como José Luis Ulibarri, abogados, directores de banca o el presidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios, Pablo Collado Serra.
Una revelación que llega después de que Garzón abriera el lunes una investigación para determinar de dónde proceden las filtraciones que han llegado a los medios de comunicación. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, a petición del Partido Popular, empezó un expediente para averiguar si desde los juzgados de la calle Génova ha salido información sobre el sumario.
Garzón, en el auto en el que amplía el número de imputados, acusa a todos ellos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. El juez ha dado por buenas las imputaciones iniciales de las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concha Sabadell, a excepción de la de asociación ilícita.
A la lista de imputados se incorporó una persona muy cercana a González Panero: Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol y al parecer vinculado a negocios con el Ayuntamiento de Boadilla. Es administrador único de la empresa Rústicas MBS, que obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas municipales por 75 años en el municipio madrileño y que en dos años trató de venderlas a una empresa con la misma sede social.
Además, Blanco Balín es consejero de Orange Market, la filial valenciana de Special Event, la compañía del supuesto jefe de la trama desmantelada, Francisco Correa, detenido el viernes en la primera redada y también imputado. El presidente de esta firma, Álvaro Pérez Alonso, fue arrestado el lunes por la noche en Valencia y también está en la lista de imputados.
Interrogatorios
Garzón también interrogará a las cuatro personas que fueron detenidas el viernes junto a Correa: Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del anterior alcalde en Majadahonda; la empresaria Felisa Jordán, y el empresario Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani, dos de las empresas bajo sospecha.
El juez empezará hoy los interrogatorios de los imputados, que se extenderán hasta el 5 de marzo. Los primeros en declarar serán Rodríguez, Jordán y una tercera mujer, Carmen Luis Cerezo. También decidirá si envía a prisión a Correa, Crespo y Sánchez, a los que interrogó el lunes y cuyo arresto prorrogó a petición de la Fiscalía Anticorrupción a la espera de estudiar nuevas pruebas.
En este primer listado de imputados no aparecen el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que el lunes dimitió después de que su nombre apareciera relacionado con la trama, ni el del diputado regional de Madrid Benjamín Martín.