higiene pública
La edil de Sanidad, investigada por la concesión del servicio de desratización, recibió mil euros de la firma adjudicataria
Ayuntamiento de Castro.
La concejal de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo e Igualdad del Ayuntamiento de Castro, Elisa Dopico (Acuerdo por Castro) recibió al menos 1.000 euros de una empresa castreña de desratización cuyos servicios contrató de forma presuntamente irregular. Fuentes cercanas a la investigación que se desarrolla en el municipio han confirmado la existencia de un talón al portador firmado y sellado por el gerente de la firma y un justificante -ambos fechados el 10 de febrero de 2004- que avalan que ese dinero fue ingresado en una cuenta bancaria a su nombre. El partido regionalista (PRC) solicitará en el próximo pleno el «cese inmediato» de Dopico.
El juez ya ha adjuntado esas pruebas al auto que emitió el pasado 21 de enero. El escrito despejó el camino para la celebración de un juicio oral en relación al llamado 'caso Trapur', nombre de la firma. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número dos inició en 2008 una investigación para dilucidar si el Consistorio contrató de forma irregular los servicios de la empresa que se encargaría de desratizar y desinfectar distintas áreas del municipio. A raíz de sus pesquisas, imputó por un presunto delito de prevaricación al alcalde, Fernando Muguruza, al ex concejal de Juntas Vecinales, Pedro Revuelta, al edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, a la ex veterinaria municipal y a la responsable de Asuntos Sociales, Elisa Dopico. Además, achacó un delito «continuado» de tráfico de influencias al gerente de la empresa, Pedro Llamas.
Según recalca el juez en su escrito, Dopico contrató «sistemáticamente, de manera fraccionada, verbal y vulnerando la ley de contratos de la Administración Pública» los servicios de la empresa desde agosto de 2.003 a diciembre de 2.004 «sin sacar a concurso el servicio para prolongar esta situación en beneficio» de la firma.
A partir de esa fecha, el magistrado señala que el encargado de mantener esa irregularidad hasta marzo del año pasado fue el edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez (PP).
Luego, según señala el instructor, Dopico tomó el relevo y prorrogó de nuevo el contrato, sabedora de que la firma carecía del personal adecuado. El juez también advierte indicios de un delito continuado de tráfico de influencias en el proceder de la concejal al garantizarse la contratación de Trapur «tras ordenar a los funcionarios que se avisase exclusivamente» a la firma y que «fuera ésta la única empresa» que presentara un presupuesto «por su amistad con el señor Llamas y su condición de afiliado al mismo partido político». Y es que Dopico militaba entonces en el PP y el gerente de la empresa fue el coordinador de las campañas electorales de ese mismo partido en la localidad costera.
También el alcalde
Mientras, el juez estima que Muguruza «ordenó el pago de obligaciones adquiridas con la empresa teniendo pleno conocimiento de que se vulneraba la ley de contratos al fraccionarse el abono sistemáticamente por la amistad que le une con el señor Pedro Llamas y la hija de éste, su actual secretaria de confianza».
El auto pone de relieve que Trapur facturó más de medio millón de euros desde agosto de 2.003 hasta diciembre de 2.008, y obtuvo unos beneficios netos de 463.211,73. Según el juez, la empresa pasó de ser «deficitaria» en 2002 a «extraordinariamente rentable» a partir de 2003, cuando suscribió el contrato con el Consistorio.
