Juan lo cuenta así: «Estábamos mi colega y yo en el instituto y nos dio por arrojarnos los pupitres a la cabeza. Y le dimos a una niña. Pero fue sin querer, ¿eh? Vino a buscarme un educador del centro y me escapé corriendo a casa. Recapacité y ahora estoy conforme. Tengo una habitación para mí solo. Me gusta el deporte. Antes practicaba esgrima. Esta semana he empezado con el kárate. Y he retomado los estudios de primero de ESO, aunque recibo las clases aquí, no he vuelto al instituto. A veces discuto con los compañeros, pero de buen rollo. Como me porto bien, me dejan salir solo al pueblo a comprar chucherías. Cuando llegue a la mayoría de edad podría quedarme aquí como tutor de otros chicos. Parece un buen trabajo...»
Y se marcha a merendar dando la mano muy educadamente, con cara de no haber roto un plato en su vida. Salvo, quizás, en algunos momentos en que se le han saltado los plomos. Juan, 14 años y origen marroquí, es uno de los 45 inquilinos -30 chicos y 15 chicas- del centro de adaptación psicosocial Picón del Jarama, situado en Paracuellos (Madrid). Uno de los establecimientos señalados por el incendiario informe del Defensor del Pueblo que se ha hecho público esta semana. Celdas de aislamiento, agresiones físicas, maltrato psicológico, abuso de tratamiento farmacológico... El documento está cuajado de cartas de los chicos, auténticos SOS para escapar de sus 'hogares de acogida'.
Picón del Jarama está al final de la empinada cuesta que da acceso al pueblo, en una calle cortada. Más allá del antiguo palacete amarillo, del purgatorio, no hay nada. Salvo el infierno. «Cuando se dice que éste es el último lugar no significa que sea el peor», suspira Juan Carlos Rodríguez, director del centro. Una semana difícil. Mediática. Juan Carlos está acostumbrado a lidiar con chavales muy agresivos, algunos con graves trastornos disociales, con tentaciones de estampar al prójimo contra la pared o de arrojarse por una ventana, en fase predelictiva o con el Rubicón ya cruzado. Pero hablar con la Prensa para defenderse de las acusaciones del informe le supone un estrés desconocido.
Joven, muy joven, como Ángel, el subdirector, como Patricia, la coordinadora de educadores, como la mayoría del personal que trabaja en Picón del Jarama (hasta 105 personas) defiende la labor que se realiza y niega los hechos que recoge el Defensor del Pueblo. En la visita que realizamos no hay puerta que no abra con su superpoblado manojo de llaves, ni explicación que rehúya, por delicada que sea. Los chicos con los que nos cruzamos por los pasillos se muestran afectuosos y, en ocasiones, le hacen confidencias al oído. Si hay procesión, va por dentro.
«Hay menores con enfermedades mentales que precisan fármacos y siempre se les suministran por estricta prescripción médica», aclara. «En cuanto a los conatos de agresividad, no son tantos como se piensa; pero, eso sí, cuando algún chico estalla, lo hace de verdad y es muy desagradable. Intentamos anticiparnos. Si percibimos que las cosas se calientan ofrecemos alternativas, negociamos con un cómic o con un cd de El Langui... Conseguir el equilibrio es complicado, porque pueden aprender que usando la violencia como elemento de chantaje pueden conseguir sus propósitos. Si hay peligro se produce una retención física a cargo de los vigilantes. ¿Lesiones? Estamos hablando de jóvenes altos, corpulentos. Llamamos inmediatamente al 112 como ocurriría en cualquier situación de emergencia».
«Esto no es una cárcel»
Aunque se les intenta proteger del diluvio, los chavales no son impermeables. «Sí, se han enterado del informe. Las reacciones son variadas. Algunos están en contra de lo que se ha escrito. Otros, en cambio, sí han discutido con su tutor, están de acuerdo con las denuncias», señala Rodríguez. «Pero esto no es un cárcel. Pueden quejarse a los educadores o recurrir a mí si es necesario; de hecho, me reúno con todos ellos una vez al mes. El psiquiatra y yo tenemos un móvil de emergencia abierto las 24 horas del día. Existe una asamblea de menores donde expresan libremente sus quejas; en caso de considerarlo oportuno, pueden cursar denuncias en la comisaría. Ha ocurrido varias veces, pero hasta el momento el juez las ha archivado todas».
Patricia, la coordinadora de educadores, destaca el hecho de que los medios no cuenten las historias de superación. «Cuando los chavales cumplen la mayoría de edad y deben seguir con su vida, les hacemos un seguimiento de seis meses. Después deben volar solos. A algunos les cuesta desvincularse y nos llaman a menudo o vienen a visitarnos; no para pedir algo, sino simplemente para vernos».
La carga de profundidad del Defensor del Pueblo ha provocado una reacción fulminante para mejorar los protocolos de actuación. La Comunidad de Madrid firmará la próxima semana un convenio con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para garantizar el cuidado de los menores con conductas disyuntivas que se encuentran tutelados por el Gobierno regional. «En Picón del Jarama no existen sujeciones mecánicas, no se maniata a ningún niño, no se les priva de educación, no hay salas negras ni acolchadas y, desde luego, nunca se les deja sin comer por castigo», afirma la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo. Sin embargo, en el palacete del final de la cuesta de Paracuellos del Jarama, en el purgatorio, hay inquilinos que planean su fuga, incluso de este mundo, porque no soportan su encierro o no se soportan a sí mismos. Tragedias para las que nadie ha dado con una solución infalible.