ECONOMÍA
Propone también bonificar las cotizaciones sociales de las empresas afectadas
Manifestación en Vitoria de trabajadores contra los despidos, que las medidas del Gobierno pretenden frenar./ EL CORREO
PROPUESTA DEL GOBIERNO A LOS AGENTES SOCIALES
Mantener las plantillas de las empresas íntegras hasta que pase la recesión y lleguen mejores tiempos. Ése es el objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la última oferta realizada por escrito a los agentes sociales, a los que se ha propuesto, entre otras, dos medidas estrella: por un lado, 'poner a cero' el contador para que los trabajadores sometidos a regulaciones temporales de empleo no consuman durante ese período prestaciones de paro; por otro, bonificar las cuotas sociales de aquellas compañías que se vean forzadas a adoptar procedimientos de ese tipo en su intento de no desaparecer.
El Ejecutivo ha tenido muy en cuenta las pavorosas cifras de los tres últimos meses del año pasado, cuando la crisis se agudizó y más de 83.000 trabajadores se vieron afectados en toda España -11.000 sólo en el País Vasco- por la suspensión de sus contratos. De ellos, más de la mitad en diciembre.
La iniciativa gubernamental forma parte de un documento que, bajo el título 'Medidas urgentes para mejorar la protección de los desempleados y el mantenimiento y la generación de empleo', fue entregado por el Ejecutivo socialista a los sindicatos y a las patronales el pasado miércoles para su negociación en la próxima reunión del proceso de diálogo social. Con un paro desbocado que supera ya los 3,3 millones de personas, y que tanta alarma social está causando, frenar su avance se ha convertido en un objetivo prioritario del Gabinete Zapatero.
Menores costes
Hasta ahora, durante la suspensión de contratos por medio de un expedente de regulación (ERE) el salario de los trabajadores es abonado por el antiguo Inem con el tope máximo de la prestación por desempleo (1.076 euros al mes este año). El plazo en el que están en esa situación se reduce del tiempo durante el que tienen derecho a percibir el paro. Durante el ajuste, los empresarios se ven obligados a desembolsar las cotizaciones sociales, que representan más de un 30% de los sueldos que pagan.
Con la reducción de estos costes planteada por el Gobierno, las empresas serán más favorables a suspender los contratos que a rescindirlos, ya que así podrán mantener sus plantillas a la espera de que la actividad económica se recupere.
Además, como el planteamiento del Ejecutivo es que las cantidades percibidas durante un ERE no reduzcan el período de cobro de las prestaciones de desempleo que corresponden a toda persona que pierde el trabajo, los sindicatos pondrán menos obstáculos a dar el visto bueno a una medida de por sí traumática. De hecho, los trabajadores que se queden en la calle porque la crisis de su empresa es mucho más profunda de lo inicialmente previsto y el ERE se acaba convirtiendo en despidos, podrán percibir el paro durante el tiempo contemplado por la ley -el máximo es dos años-.
Lo que deberán consensuar ahora los agentes sociales con el Gobierno es una serie de requisitos y limitaciones para evitar abusos y contener en la medida de lo posible el gasto público. Algunas fuentes estiman que el Ejecutivo tendrá que aportar este año más de 13.000 millones de euros a la financiación de los servicios públicos de empleo, cuyos ingresos propios no serán suficientes para pagar las prestaciones de paro, estimadas en unos 30.000 millones. Unas medidas como las propuestas elevarán el gasto, sobre todo a medio plazo; pero si la actividad se recupera pronto, como insiste la Administración, el efecto económico no sería muy elevado.
Otras medidas
El documento contiene otras fórmulas encaminadas a capear el temporal y contribuir a la creación de puestos de trabajo. La primera se refiere, según medios sindicales, al mantenimiento íntegro del sistema de protección por desempleo con fondos de los Presupuestos del Estado, lo que constituye toda una declaración de principios en tiempos de crisis.
Otras son menos espectaculares, pero tienen también gran trascendencia, dadas las condiciones de restricción del crédito a que se enfrentan las empresas. El Gobierno plantea a los agentes sociales retrasar hasta fin de año las habituales dotaciones al Fondo de Reserva de las pensiones -se nutre del superávit que aún mantiene la Seguridad Social- con el fin de utilizar ese dinero para financiar el aplazamiento del pago de cuotas de empresas en crisis, medida que ya se está aplicando a cambio del compromiso del mantenimiento del empleo. En esta misma dirección se enmarca la propuesta de crear una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conceder liquidez a pymes.
Entre las iniciativas de calado está convertir el dinero del seguro de paro de un trabajador en bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social de quien lo contrate.
